La sanidad privada advierte de un «éxodo a la pública» si la prima no es justa con los hospitales de Muface

La cuenta atrás para el nuevo convenio de Muface para 2025 y 2026 ha comenzado. La firma de este concierto determinará cuánto dinero desembolsa el Gobierno para sufragar a la mutualidad, encargada de la asistencia sanitaria y asistencial de los funcionarios civiles del Estado. Una propuesta económica que se ha filtrado a través de los medios de comunicación y que no convence a las patronales de la sanidad privada, en cuyos centros sanitarios se presta este servicio.

Ahora, a través de un nuevo comunicado oficial, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) advierte del «problema que se cierne» en el contexto del nuevo concierto de Muface para la asistencia médica de los funcionarios «si no se acuerda una prima por mutualista similar a la del gasto sanitario por ciudadano». Y es que la prima media de un mutualista de Muface es de 984 euros, frente a los 1.608 euros de gasto público sanitario que se destina a cada ciudadano o los 1.736 euros de media del régimen general de la Seguridad Social.

«Si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento de la prima significativo, que garantice la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio y que al mismo tiempo se remunere a la provisión sanitaria de forma suficiente para no caer en pérdidas en la prestación del servicio, existe el riesgo de que se incremente la tendencia de centros privados que dejen de concertar al no cubrirse los costes», explica la ASPE.

Esto provocaría que hubiera «menos accesibilidad» y «un cuadro médico restrictivo» que «desincentivaría a los funcionarios a elegir la sanidad privada». Según la alianza empresarial, esa situación «supondría un éxodo a la sanidad pública de un número relevante de mutualistas y familiares y, por consiguiente, un potencial incremento de las listas de espera» en el sistema ordinario.

En este sentido, la patronal subraya la importancia de que «se dejen de limitar la prestación de servicios de especialidad médica» que son más frecuentes, como los tratamientos de diálisis o de oncología porque «la financiación es insuficiente». Para solucionarlo, Carlos Rus, presidente de ASPE, pide que la suba de la prima anunciada por Muface se destine a «garantizar un cuadro médico completo en todo el territorio nacional y que los mutualistas reciban un servicio de calidad con acceso efectivo a todos los servicios y especialidades».

Por tanto, la alianza reclama que la revalorización de la prima «se traslade de manera justa y suficiente a los hospitales y centros sanitarios que actualmente prestan asistencia de manera deficitaria frente a los costes». Siguiendo su lógica, si se mantiene una diferencia considerable en la remuneración a los centros sanitarios entre el precio que se paga por mutualista y el que reciben por aseguramiento, «se desincentivará a los proveedores sanitarios a concertar la prestación de servicios a mutualistas. Ello devendrá en que el cuadro médico será más restrictivo y provocará un descenso de la elección de la sanidad privada por el mutualista, eligiendo el sistema público».

La financiación insuficiente no es algo que venga de ahora. «Ha generado durante los últimos años una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera debido a que, o bien las aseguradoras seleccionan de forma más restrictiva sus cuadros médicos, o bien algunos prestadores se ven obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las exiguas tarifas actuales». Por ello, el incremento de la prima debe servir para reconducir ambas situaciones, según ASPE.

Muchos centros han dejado de atender a mutualistas

Dice Carlos Rus que «el modelo de financiación debe considerar la situación de los prestadores de asistencia sanitaria que son los que, en definitiva, atienden los costes derivados de la atención sanitaria de los mutualistas». La patronal del sector de provisión sanitaria recuerda que las tarifas para pacientes provenientes del mutualismo administrativo son un 10% inferiores en comparación con las aplicadas a los asegurados de las compañías de salud.

Esto «agrava aún más el desajuste financiero para los centros sanitarios en la prestación de servicios, causado por el progresivo incremento de la edad media de los mutualistas y el aumento de la frecuentación asociada; una situación que ha provocado que numerosos centros ya se han visto forzados a dejar de atender a mutualistas debido a la insuficiencia de las tarifas actuales».

Se estima que en los últimos años, las entidades aseguradoras solo han trasladado el 50% de la subida de la prima a los prestadores, siempre teniendo en cuenta que este impacto puede variar en función del prestador, la compañía aseguradora, la ubicación geográfica y la actividad a realizar. En el caso de centros más pequeños o médicos con consulta propia, incluso es posible que la mejora que les hayan trasladado las compañías aseguradoras sea sensiblemente inferior.

La subida de la prima de Muface es insuficiente

ASPE considera que la propuesta de incrementar un 24% la prima de MUFACE en 2025 y de un 1% en 2026 es un primer paso en el buen camino, pero advierte que «esta cantidad no es suficiente para asegurar la viabilidad del modelo de mutualismo administrativo».

La patronal subraya la necesidad de equiparar la prima del mutualista con el gasto sanitario real por ciudadano, que se sitúa en 1.608 euros (con la posible subida, la prima de Muface aún se situaría en 1.301 euros por mutualista en 2026), para poder garantizar la sostenibilidad del sistema. «Si no se logra una financiación verdaderamente adecuada que incluya a todos los actores implicados, el modelo sigue en riesgo de desaparecer, a pesar del impulso que se le trata de dar con este acuerdo», señala Rus.

El modelo actual de MUFACE ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica.