El Gobierno aprovecha el estado de alarma para tramitar la ley Celaá

En plena pandemia el Gobierno ha suspendido los planes administrativos y procesales, pero no los trámites parlamentarios. Y esto afecta directamente a la Ley de Educación (LOMLOE) el primer proyecto de ley aprobado por el Gobierno, que fue remitido al Congreso de los Diputados el 3 de marzo.

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad acabó el pasado 24 de abril, en pleno confinamiento. El PSOE no quiso ampliarlo, aunque habitualmente suele haber hasta dos y tres prórrogas. Y eso que el Grupo Popular y Ciudadanos lo pidieron expresamente dadas las circunstancias excepcionales por las que atravesamos de confinamiento. PP, Cs y Vox llegaron a tiempo, no obstante, de presentar el viernes enmiendas a la totalidad.

Mañana se discute si se amplía el plazo para la presentación de enmiendas parciales, que acaba a las 14:00 horas del miércoles) y el deseo generalizado es que se haga. Y no sólo eso, que se paralice la tramitación de la ley. Partidos, sindicatos y organizaciones que representan a la escuela concertada y a la educación especial ya se han puesto en guardia.

A los grupos parlamentarios les ha llamado la atención, precisamente, la “acelerada” tramitación de esta norma, en un momento excepcional, como el actual, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras leyes educativas anteriores. Así, el PSOE ha dejado sólo cinco días entre el primer plazo de vencimiento para presentar enmienda a la totalidad (24 de abril) y el plazo para presentar enmiendas parciales. Además, no se se ha concedido ninguna prórroga, como viene siendo habitual, ya que el 13 de abril se acordó levantar la suspensión de los plazos por el Covid, según han confirmado fuentes parlamentarias.

En el caso de la LOMCE, la anterior ley de Educación, lo que ahora son sólo cinco días de diferencia en el plazo entre enmiendas a la totalidad y parciales, transcurrieron dos meses y ocho días. Además, se aprobaron cinco ampliaciones para la presentación de enmiendas parciales. Se habilitó el mes de julio para el debate de totalidad y comparecieron 50 expertos, indican las mismas fuentes.

La portavoz de Educación de Cs en el Congreso, Marta Martín, cree que «es inconcebible que en la situación en la que estamos, en una emergencia educativa grave creada por el Covid-19, el Gobierno aproveche que estamos todos confinados y que no se puede debatir en condiciones para imponer una ley absolutamente sectaria e impertinente en estos momento». Por eso pide que «se remitan a los pactos de la reconstrucción para la solución de la emergencia educativa, que es lo que toca en estos momentos; le pido a la ministra que cambie el sectarismo por el sentido común y aplace el debate de la ley, porque ahora no toca».

La concertada: “Es un déficit democrático”

La escuela concertada, que se siente especialmente amenazada por esta norma, también está dispuesta a dar la batalla. La plataforma “Concertados”, entidad constituida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), la Confederación de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) y la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), en la que también están integrados también los sindicatos FSIE y FEUSO, han emitido un comunicado conjunto en contra del modo de actuar del Gobierno. De hecho, se han reunido ante la decisión de la Mesas del Congreso de no aceptar un aplazamiento del trámite de presentación de enmiendas a la totalidad, lo que consideran un “déficit democrático inadmisible”. Consideran que “la prisa del Gobierno parece obedecer, no sólo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible intención de introducir enmiendas sólo consensuadas por los socios de gobierno y que limitarían la libertad de enseñanza”. En su opinión, “revelaría su propósito de escamotear a la opinión pública el debate sobre una ley esencial que no goza del consenso de la comunidad educativa”. Es por esto por lo que la plataforma ha pedido la paralización de la tramitación. Es más, la plataforma amenaza con que si el Gobierno persiste en esta actitud, “va a ser difícil continuar con las vías del diálogo y colaboración ante lo que entendemos un ejercicio de autoritarismo sin precedentes porque ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva ley de educación”.

Creen que medidas como ésta “levantan sospechas y no ayudan a conseguir el pacto escolar que demanda y necesita la sociedad”. Del mismo modo, también son partidarios de que se incluya la Educación en los pactos de Estado que busca el Gobierno para facilitar la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia.

Educación especial: “Una tragedia para nuestros hijos”

La plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, integrada por personas con discapacidad, sus familias y docentes, ha criticado que el Gobierno «se valga de esta situación en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle contra una ley que supone una tragedia para nuestros hijos; es la mejor forma de amordazarlas y evitar que salgamos a hacer ruido», aseguran ante una norma que consideran que promueve la eliminación de los centros de educación especial.

Estas familias hace unos meses que habían manifestado su oposición a la Disposición Adicional Cuarta del Anteproyecto de Ley que pretende limitar los Centros de Educación Especial únicamente a “los alumnos que requieran una atención muy especializada” y eliminar la mayoría de los Centros de Educación Especial existentes en 2030. Las familias se habían quejado de una disposición que “no tiene ningún sentido”.

A la vista de que no hay posibilidad de manifestarse en la calle, la Plataforma “Educación Inclusiva Sí, Especial También” ha pedido la movilización social en redes sociales (#nocierresmicole, #sancheznocierresmicole).