Educación valora pedir el retraso del inicio de curso

Las Comunidades Autónomas y los Ministerios de Sanidad y Educación pactan esta semana un plan común para que la vuelta a las aulas sea segura y lo más parecida posible en toda España mientras el virus sigue expandiéndose. Mañana, la reunión será entre el secretario de Estado de Educación y los viceconsejeros autonómicos y, el jueves, entre autonomías y Ministerios de Sanidad y Educación. Una de las opciones que baraja Educación y que podría derivarse de la situación es un retraso del inicio de las clases, que en la mayoría de las comunidades autónomas estaba previsto entre el 4 y el 10 de septiembre. Algunas, como La Rioja, ya han decidido hacerlo hasta el 15 de septiembre para poder preparar con garantías la vuelta al cole, lo mismo que Canarias. De hecho, las comunidades son las que tienen las competencias para poder hacerlo. No obstante, en el acuerdo alcanzado en junio pasado con el Ministerio estipula septiembre como el mes de inicio de las clases.

El calendario previsto en algunas comunidades podría resultar escaso para organizarse y poner en marcha las pautas comunes que se acuerden. Por eso, retrasar un poco más el comienzo de las clases permitiría ganar tiempo para organizar mejor el curso sin improvisaciones teniendo en cuenta que con el confinamiento se perdió un tercio de lo que los niños deberían haber aprendido el curso pasado, según los expertos, y uno de los grandes temores es que la brecha educativa se agrande aún más.

Por otro lado, disponer de más tiempo permitiría conocer mejor la evolución del virus a la vista de la proliferación descontrolada de contagios. El último ejemplo lo tenemos en Alemania, donde se han cerrado colegios sólo cinco días después de reabrirlos por el aumento de casos.

Una demora en el comienzo de curso hasta octubre es precisamente uno de los escenarios que contempla el Ministerio de Educación en Ceuta, donde tiene las competencias en Educación.

A esta medida se une la educación semipresencial para los mayores de 14 años, otra de las ideas que están sobre la mesa y que podrían pactarse de común acuerdo, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen ya sus propios planes de retorno a las aulas.

Mientras, el caos de la vuelta al cole se complica con la tramitación de la «ley Celaá» en el Congreso de los Diputados en el inicio de curso parlamentario. De hecho, el próximo 2 de septiembre finaliza el plazo de presentación de enmiendas parciales a la norma por parte de los grupos políticos después de que la nueva ley que quiere implantar el Gobierno y que quiere que esté lista a final de año lograra superar su primera embestida antes del verano después de que la Cámara tumbara las enmiendas de PP, Cs y Vox que pedían la devolución de la ley.

Con este escenario educativo a la vista, PP y Cs ya han pedido que se frene la tramitación de la ley ante la inoportunidad de que una modificación de este calado se lleve a cabo en las circunstancias actuales en las que no se sabe ni siquiera si se va a poder desarrollar de forma segura el curso académico.

Fuentes el PP aseguran que «serían tremendamente irresponsable que el Gobierno pudiese activar o dar continuidad a la reforma cuando no es capaz de presentar un plan de vuelta a las aulas con seguridad».

Reactivación económica

Los populares consideran que «la prioridad del Gobierno debería ser elaborar dicho plan». El PP, de hecho, ha registrado una petición de comparecencia urgente para que explique en el Congreso sus medidas y planificación para un inicio de curso. «La vuelta a las aulas es la preocupación actual de los españoles y constituye la piedra angular del sistema» porque «no afecta solo a la educación, sino también a la conciliación que garantiza la reactivación económica», ha dicho recientemente la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Horas después, el Ministerio de Educación anunciaba que Celaá había pedido comparecer en el Congreso después de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, aunque la fecha final la tiene que determinar la mesa del Congreso.

La portavoz de educación de Cs, Marta Martín, también ha pedido al Gobierno que eche el freno con su reforma. Su partido ya solicitó en abril, a través de una proposición no de ley, que no se abordara la reforma en plena pandemia y, ahora, la fórmula que existe para forzar un parón es que la Mesa del Congreso apruebe una ampliación tras otra del plazo de presentación del enmiendas. «Es paradójico que sean capaces de proponer una ley, pero no de poner en marcha un plan de coordinación; la situación es kafkiana. Se debería aplazar la reforma educativa hasta que esta crisis se solucione», añade Martín.

Algunos sindicatos comparten esta opinión. «Ahora estamos en una situación de emergencia sanitaria excepcional y lo primero es garantizar el derecho a la educación. Si el curso pasado ya tuvo muchos déficit con la enseñanza online, vamos a perder dos cursos si le añadimos esto», dice Nicolás Fernández, presidente de ANPE.

«La reforma educativa antes de la pandemia ya nos parecía poco negociada y sin posibilidad de pacto, no era buena idea su tramitación. Ahora se han visto mucho más los problemas que, en tiempo ordinario se pueden tapar a la sociedad, pero que ahora han quedado irremediablemente al descubierto», dice Mario Gutiérrez, portavoz de la Csif.