Alicia Lerma (Madrid, 1975) se aburría en su trabajo. Después de estudiar Delineación Industrial, una carrera que no le gustó nada, ejerció varios años como secretaria de dirección. Pero necesitaba un cambio, le comían la rutina y el aburrimiento. Animada por su padre, dio un giro de 360 grados a su vida y apostó por una nueva profesión en la que las mujeres ya son el 30 por ciento: detective privado.

La actual presidenta de la Asociación de Mujeres Detectives y dueña de la agencia Indicios cree que la pandemia ha agudizado el ingenio para el fraude en un país en el que «la picaresca está bien vista». Después de salvar el parón de los meses de confinamiento duro, el trabajo de los investigadores privados relacionado con la Covid-19 se centra en «casos de bajas laborales fraudulentas, empleados en ERTE a los que se obliga a volver bajo la amenaza de ser despedidos o la venta engañosa de material de protección». Lerma acaba de terminar un par de trabajos para unos clientes que le pedían pruebas de que su empresa les forzaba a reincorporarse cobrando una parte en negro pese al ERTE en vigor.

El teletrabajo, el contagio, los falsos positivos, todo ayuda al aficionado al escaqueo, pero, ojo, la crisis económica que se nos echa encima fuerza a que los empleadores sean menos comprensivos que en época de bonanza: «Las empresas lo están pasando mal, así que si antes dejaban pasar una baja dudosa, ahora tratan de quitarse al trabajador de encima con un motivo que haga que el despido sea procedente».

Durante el temporal de Filomena, Indicios desenmascaró a un jardinero que, en lugar de estar guardando la cuarentena en casa, se dedicó a prestar servicios a domicilio... con la furgoneta de la empresa que le pagaba el sueldo. La mayoría de los jueces, «entre un 90 y un 95%», acogen como válidas las pruebas recogidas por estos sabuesos que son los únicos, por ejemplo, que pueden efectuar grabaciones siempre que la persona que les encarga el trabajo tenga un «interés legítimo».

Esta detective asegura que en el ámbito familiar también hay mucha tela que cortar. Recuerda el caso de una mujer que no dejaba a su ex marido ver a su hijo porque estaba «contagiado» y, en cambio, «iba todos los días a la guardería, a ver a los abuelos...». En un seguimiento que duró tres semanas descubrieron el pastel. Otro terreno abonado en épocas de bajón económico son las pensiones alimenticias de los divorcios. «Nos viene gente que quiere demostrar que su ex no ha visto reducida su facturación por la crisis, sino que ingresa una mayor parte en ’'B’' para justificar una rebaja de la pensión», explica Alicia.

Después de doce años siguiendo pistas, esta investigadora tiene mil historias. Por cómo las cuenta, parece que no se equivocó al cambiar el rumbo. No parece que esto le resulte tedioso. Recuerda el «subidón» que le dio localizar a un objetivo después de varias horas: «Iba detrás de un hombre que, de pronto, cogió carretera, carretera, y acabamos en Valencia. Nada más llegar, lo perdí en una rotonda. Casi me da algo, pero logré encontrarlo en el parkin de un hotel gracias a que reconocí el coche».

En otra ocasión, una compañera tuvo que hacerse pasar por aspirante a monja de clausura. Recibieron el encargo de unos padres horrorizados porque su hija, que acababa de cumplir 18 años, había desaparecido. Finalmente, localizaron a la joven en un convento. En realidad, «nada podían hacer porque la chica era mayor de edad, pero al menos sabían dónde se encontraba y podrían contactar con ella».

Julio Gutiez (Madrid, 1960) cree que, con coronavirus o sin él, la mayoría de la gente tiene secretos. Veterano del oficio al frente de Mira Detectives Privados, cuenta que en estos meses sobre todo les han entrado casos relacionados con trabajadores que escurren el bulto, «incluso hubo uno que le decía a sus jefes que no podía teletrabajar porque en su casa no había cobertura, así que fuimos allí y comprobamos que no era cierto». En algunos de estos seguimientos descubrieron, además, que los falsos contagiados por el virus dedicaban su tiempo al negocio familiar y a otras chapuzas.

Por ahora, las bajas fraudulentas, los ERTE falsos y los trabajos para grandes superficies, «que quieren comprobar si los empleados cumplen con las medidas de seguridad anticovid en el trato con el cliente», ocupan gran parte de su negocio, que hace años estaba centrado en temas familiares. «Cuando yo empecé, el 90% de los asuntos eran personales, pero la cosa ha cambiado porque el adulterio, por ejemplo, ya no tiene tanta validez. Ahora las parejas se separan y punto. En cambio, todo lo que tiene que ver con trabajo o dinero ha cobrado mucho peso. Nosotros vamos donde están los problemas», asegura. Junto a otros detectives, Julio se ofreció al Gobierno hace unos meses para hacer de rastreadores de casos Covid, una propuesta que no fue atendida por Sanidad.

Malos hábitos, dobles vidas...

Después de 18 años sobre el terreno, le ha ocurrido de todo. Hubo un tipo al que seguía que le pilló y le dejó pagada la comida en el restaurante: «Si alguien del oficio te dice que nunca le han pillado, miente». Recuerda sus trabajos para empresas de primera fila «que querían un perfil completo de los ejecutivos que pretendían fichar». ¿Encontraban algo escandaloso?: «La verdad es que descubrías de todo. Gente metida en el juego, con malos hábitos o dobles vidas, con una familia en cada ciudad». Estos dosieres, según el número de viajes que implicaran, podían costar hasta 150.000 euros.

Con cuarenta personas en nómina, la agencia Detectys trabaja exclusivamente para sociedades y están especializados en investigaciones de solvencia, recuperación de deuda y fraude, tres ámbitos que florecen en tiempos de crisis. Al frente se encuentra Óscar Rosa (Málaga, 1974), actual director general y uno de los cinco socios (los cuatro hermanos y su padre) de una agencia fundada por el cabeza de familia hace medio siglo y que él aspira a que continúen sus hijos, tercera generación de la saga. Aunque la confusión de los primeros meses de pandemia se llevó por delante a muchos de estos profesionales, el director de Detectys, reconocido conferenciante y profesor de Universidad, explica en conversación telefónica con este periódico que «en los próximos meses nos va a ir muy bien a los detectives». En su caso, la realización de informes comerciales investigados para nuevos clientes o los fraudes a las aseguradoras pueden ser el grueso de su labor relacionada con las secuelas económicas de la Covid.

En este momento se encuentran activos en nuestro país cerca de 1.500 detectives, 400 de ellos mujeres. Los honorarios difieren según la ciudad en la que operen, pero, grosso modo, una hora de sus honorarios puede costar entre 50 y 70 euros, el doble si la investigación se realiza en fin de semana, festivo o por la noche.