Protección a la infancia
Solo tres provincias tienen juzgados especializados en Familia
Cincuenta profesionales jurídicos reivindican la protección de los menores en el I Congreso de la Infancia y la Adolescencia
Cincuenta profesionales de todos los estamentos jurídicos y especilistas en infancia reivindicaron ayer una Justicia especializada en materia de familia y discapacidad. Lo hicieron en el I Congreso de Infancia y Adolescencia, organizado con el objetivo de reivindicar la igualdad en el acceso de los ciudadanos a los tribunales y proteger a los menores en los procesos judiciales.
La inauguración del acto corrió a cargo de los decanos de la abogacía de Madrid y Barcelona, José María Alonso y María Eugenia Gay, y el presidente de la plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel. Además, intervinieron el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. «Este Congreso pretende visibilizar la necesidad de una Jurisdicción de Familia con implantación en todo el territorio nacional, con especialización, y dotada de los recursos económicos y personales que permitan el acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones», señaló Alonso. Sobre esta necesidad, especialmente acuciante en las localidades pequeñas que solo cuentan con Juzgados de Primera instancia no especializados vienen alertando desde hace años todos los operadores jurídicos- Pues solo tres provincias cuentan con una jurisdicción especializada en familia. Además, aprovechando la presencia de Campo en el acto, el decano madrileño recalcó al ministro «la necesidad de crear la jurisdicción especial de Familia», trasladándole además «la inquietud por el olvido en la ley orgánica de protección integral a la Infancia», que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario.
Por su parte, la decana de la Abogacía de Barcelona recordó que «la protección del interés de los niños, niñas y adolescente en los procesos judiciales es hoy una de las máximas obligaciones de los poderes públicos de acuerdo con el art. 39 de la Constitución Española y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del año 1996».
En su intervención, el presidente de la plataforma Familia y Derecho afirmó que esta asociación tiene una única finalidad: «La especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de infancia, familia y capacidad y esperamos que con este Gobierno pueda haber una consolidación definitiva nuestro objetivo». La fiscal general del Estado, Dolores Delgado apuntó la necesidad de «garantizar el derecho de los menores a ser oídos» y «velar por que este derecho se ejercite con todas las garantías para evitar una revictimización».
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