María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores, en la azotéa del Colegio, en Madrid.

«Queremos facilitar los trámites a los afectados por el volcán en La Palma para futuras reclamaciones»

María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, contribuye a la tragedia de los que lo han perdido todo por la erupción

Esta valenciana, que hace más de 30 años se sacó una de las oposiciones más difíciles que existen, deja su impronta de servicio a los ciudadanos en cada uno de los lugares por los que pasa. María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España- que recientemente ha sido condecorada por la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación- no concibe que las instituciones puedan vivir “a espaldas de la sociedad” a la que tienen la vocación de servir.

Por eso, desde que tomo posesión de su cargo en 2018, no ha parado de idear maneras para que el Colegio que preside y la profesión a la que representa sean más cercanos, accesibles y útiles para los ciudadanos. La última iniciativa ha sido la creación de un servicio en su geoportal para que los habitantes de La Palma puedan comprobar las fincas afectadas por la erupción del volcán y solicitar la información registral, que se les ofrece de forma gratuita.

¿En qué beneficia a los ciudadanos tener un certificado registral de su propiedad?

En el Registro de la Propiedad existe una memoria registral de cada finca, siempre y cuando haya efectuado dicho trámite con anterioridad. Con este documento, los afectados por la erupción pueden acreditar de modo fehaciente la propiedad o titularidad sobre el terreno, vivienda o explotación agraria, tanto si es propietario único, co-propietario o usufructuario. Queríamos hacer algo para expresar nuestra solidaridad con todas las personas que han perdido su vivienda, sus cosechas, su fuente de ingresos y, por tanto, su estabilidad a causa de la erupción del volcán.

Por ello, nos pusimos en contacto con las autoridades y los damnificados a través de nuestro registrador en la zona, que es una persona muy implicada en la vida de la isla y tiene gran conocimiento de los problemas a los que se enfrentan sus habitantes en estos momentos. Él y su equipo han sido la clave para poner en marcha esta iniciativa. Lo que estamos haciendo es ofrecer a todos aquellos titulares de fincas en las zonas afectadas, una vez que éstas estén determinadas, una certificación de la propiedad de forma gratuita, lo que permitirá acreditar su titularidad y demás derechos preexistentes de cara a futuras reclamaciones de indemnizaciones o ayudas.

Además,nos hemos puesto a disposición de las autoridades de La Palma para tratar el desafío jurídico que plantea el nuevo escenario en materia de propiedad y en protección de medio ambiente. Esta catástrofe va a generar un cambio en la realidad física del territorio, que implicará una transformación en su configuración jurídica. (La lava del volcán ha afectado ya a más de 1.000 edificios y 870 han quedado totalmente destruidos).

¿Hay diferencias legales y de propiedad entre los efectos de la lava en la tierra- ocupando terrenos ya existentes- y los nuevos territorios que puede generar?

Por supuesto. Los terrenos donde estaban las casas que ha ocupado la colada siguen siendo propiedad de los dueños, por la erupción no se pierde la propiedad. Lo que pasa es que, como el uso que tenía antes se ha vuelto imposible, se ha comentado que se podrá hacer algún tipo de reserva medioambiental y que el Gobierno adquiera esos terrenos para protegerlos. Ante esas circunstancias, se establece un procedimiento administrativo similar a los sistemas de actuación urbanística, donde la posesión de la finca en el terreno previo a la erupción- siempre que esta estuviera asegurada- dará lugar a lo que, de forma técnica, se denomina finca de resultado.

Por otro lado, cuando se produce un aumento de una finca como consecuencia de algún tipo de catástrofe natural como esta, el propietario del terreno aumenta su extensión, pero esto ya es dominio público. Es decir, el propietario sería el Estado.

Ahora que ha llegado al mar, parece que se ha formado un “delta lávico” (o fajana, como lo llaman los canarios) que ocupa más de 17 hectáreas, y, si esto se consolida, puede producir una distancia de la tierra con el mar y cambiar los usos de algunas parcelas, de tal modo que si antes no se podía construir por la Ley de Costas, ahora ya si, por ejemplo.

También han estado apoyando a los ciudadanos durante la pandemia, facilitando trámites y digitalizando servicios de utilidad ¿Qué destacaría de su papel durante la crisis sanitaria?

Hemos estado abiertos todos los días laborables durante la pandemia. En la primera semana pasamos a 9.000 personas a tele trabajar, pero siempre había un retén para atender en presencial. Por ejemplo, para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad hacíamos todos los trámites gratuitamente. Era un momento muy delicado porque muchas personas estaban solicitando las moratorias de sus hipotecas, y también ahí pensamos como podíamos ayudarles y facilitarles las cosas. Llevamos años inmersos en un proceso de digitalización constante que la pandemia ha acelerado.

Por eso, hemos podido poner en marcha proyectos telemáticos como el desarrollo de una app que, desde el móvil, permite que puedas obtener la nota simple de una finca en la que estás en ese momento, o verificar la validez de un documento mediante CSV- Código Seguro de Verificación- o recibir notificaciones sobre cualquier acción legal sobre sus fincas-como un embargo, por ejemplo.

Desde el punto de vista mercantil hemos sumado otros procedimientos: como nombramientos y ceses de administradores sociales, poderes electrónicos, nombramientos de auditores, o depósitos de cuentas, entre otros. También hemos estado trabajando con la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa haciendo webinars de formación para que pudieran aprovechar todas las funcionalidades de las nuevas herramientas.

Este año se celebra el 160 aniversario de la Ley Hipotecaria, y también de la creación de su profesión, ¿Qué supone esta conmemoración para usted?

Para mí y para todos los registradores esta efeméride es un recordatorio importante de la labor que tenemos encomendada desde hace 160 años: la función del control de la legalidad de los actos y negocios jurídicos que tienen lugar tanto en el mundo rural como en el urbano, la protección del medioambiente, y la conservación del patrimonio artístico y cultural desde las oficinas registrales diseminadas en todo el territorio nacional.

Esta es una profesión con una gran vocación de servicio público, y tenemos la obligación de acercarla cada vez más a la sociedad. De ahí nuestra apuesta por la tecnología, que es una herramienta muy útil para llegar allí donde se nos necesita. Pero este cambio debe llevarse a cabo con la mirada puesta en la carta de Derechos Digitales, evitando la creación de desigualdades o las limitaciones al ejercicio de los derechos. De ahí que uno de nuestros objetivos fundamentales sea caminar por un futuro tecnológico, pero más humano.

¿Por qué tienen tan mala fama las hipotecas?

Bueno, porque en algún momento tuvieron cláusulas abusivas, y eso es lo que ha hecho que se “enturbie” su imagen. Realmente, sin la creación del concepto del crédito hipotecario ninguno de nosotros podríamos haber adquirido nuestra vivienda. La propiedad de la vivienda tiene importancia toda la vida, pero especialmente en la etapa de la jubilación, cuando la pensión no alcanza para abordar un alquiler.

Es un factor de integración social, ya que te integra en un vecindario, en una comunidad, y te aporta seguridad. También es esencial para la creación de negocios, de maneras de ganarse la vida, ya que te permite usar tu vivienda como aval. Como decía Gumersindo de Azcárate- jurista, pensador y artífice de la Ley de Represión de la Usura- el crédito hipotecario es un instrumento para la paz social, ya que permitía a los agricultores ser propietarios de la tierra que trabajaban.