Día Mundial de la Salud
Más de 5.000 personas en España no tiene acesso a atención sanitaria
Lo denuncian 300 organizaciones sociales que se han concentrado hoy frente al Ministerio de Sanidad para pedir que se “ponga fin” a la exclusión y se ganantice, de facto, la sanidad universal en nuestro país
Más de 300 organizaciones sociales, sociedades científicas, colectivos y 1.400 profesionales sanitarios han pedido este jueves al Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, que “ponga fin definitivamente” a la exclusión sanitaria que “viven miles de personas en España” y que comenzó hace justo 10 años con la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012″.
En una concentración frente a la sede del Ministerio, en la que han leído un manifiesto, han denunciado que lanueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyo anteproyecto aprobará próximamente el Consejo de Ministros, “no corrige muchas de las lagunas y deficiencias de la norma reguladora que hay vigente”, por lo que piden una “vuelta urgente” al modelo de sistema sanitario universal previo a 2012.
Documentan más de 5.000 casos de personas que no tiene acceso a atención sanitaria en nuestro país en los tres años de vigencia del RDL 7/2018, “representando la punta de un iceberg cuya dimensión real es mucho, mucho mayor”. “La evidencia muestra el impacto negativo de esta medida sobre la salud de las personas excluidas en relación a mayor morbilidad, dificultad de seguimiento en el embarazo, y mortalidad evitable, así como en el conjunto de la sociedad en términos económicos, de bienestar y cohesión social y de salud pública, produciendo graves desigualdades en salud y exclusión social”, han denunciado.
“La nueva normativa no recupera la lógica previa a 2012 de vincular el derecho a la atención sanitaria al hecho de vivir en España, y aunque mejora la situación de algunas personas sin permiso de residencia, también cuenta con importantes carencias y lagunas que siguen provocando múltiples situaciones de exclusión”, han explicado.
El anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado 8 de noviembre, no garantiza, en su opinión el acceso universal, “y continúa sin abordar algunas situaciones de exclusión sanitaria”. Ante la inminencia de que el Gobierno apruebe el texto definitivo de este Anteproyecto, han resaltado que “este es el momento de garantizar un SNS plenamente universal”. “Es urgente recuperar el modelo de sistema sanitario universal previo a 2012: esto es lo que exigimos, ni más ni menos”, han reivindicado.
Sus peticiones se centran en diversos puntos, como la demanda al Gobierno de recuperar la titularidad de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicospara todas las personas con nacionalidad española y para las personas extranjeras que se encuentren en España y que hayan declarado este territorio como su residencia, sea cual sea su situación administrativa.
Asimismo, instan a “eliminar la exigencia de un tiempo mínimo de permanencia en España para poder acceder a la atención sanitaria”. “Esta exigencia está suponiendo retrasos de semanas y meses para recibir asistencia, con el consiguiente impacto negativo sobre la salud de las personas y en algunos casos poniendo en riesgo su vida. El temor infundado al llamado ‘turismo sanitario’ no justifica esta medida, para el cual ya existen otros mecanismos de control”, han asegurado.
También insisten en que es necesario garantizar “en todo caso” la asistencia con cargo a fondos públicos a personas menores de dieciocho años, embarazadas, solicitantes de protección internacional y apátridas, víctimas de trata, situaciones de salud pública y atención de urgencia. Otro de los puntos importantes es que se promuevan las modificaciones legislativas necesarias para que “las personas ascendientes que llegan a España a través de un proceso de reagrupación familiar tengan derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos”.
Por último, solicitan eliminar el requisito de acreditación de la no exportación del derecho. “Este requisito, de facto, es imposible de cumplir, sobre todo para las personas que están en situación más vulnerable, y en muchas ocasiones no existen los cauces burocráticos para poder certificar esta no exportación”, han detallado.
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