Movilizaciones por los recortes sanitarios a funcionarios

Centenares de funcionarios y policías, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, se concentraron frente a la Dirección General de Muface, en Madrid, contra los recortes sufridos en la prestación sanitaria de las mutuas de funcionarios. Ambas organizaciones han entregado al Defensor del Pueblo miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado.

CSIF y Jupol denuncian que se merma el derecho a la asistencia sanitaria de este personal por culpa de la infrafinanciación por parte del Estado. A lo largo del último mes estas organizaciones han recogido más de 5.000 encuestas donde se han constatado que en provincias de toda España se ha producido pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial. Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención.

Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.

Miguel Borra, presidente de CSIF, se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el que dijo que «está muy mal informado sobre la situación de los empleados públicos y los mecanismos de negociación de nuestros salarios, que dependen del ministerio de Hacienda. Ya hemos solicitado una reunión a la ministra. No se puede hurtar la negociación salarial a los representantes sindicales de la Función Pública. No es democrático», recalcó.

«En todo caso», insistió Borra, «Sánchez debería saber que los empleados públicos de este país llevamos contribuyendo al pacto de rentas desde 2010 con una pérdida del poder adquisitivo del 12 por ciento en función de la categoría profesional y que a día de hoy no hemos recuperado».

El líder sindical se refirió también al déficit de prestaciones sanitarias. «Colectivos como el de los funcionarios ya están sufriendo recortes en la prestación sanitaria de sus mutuas como consecuencia de la falta de financiación por parte del Gobierno».

CSIF exigió ayer una reunión urgente para abordar los efectos de la crisis en las administraciones públicas para negociar un refuerzo de los servicios para la ciudadanía y la recuperación del poder adquisitivo perdido a medio plazo. «Hay que mantener las ofertas de empleo público, reforzar nuestro estado del bienestar que ha quedado muy tocado tras la covid: sanidad, educación, servicios sociales, seguridad social, el SEPE o la inspección de trabajo. Además» explicó también Miguel Borra, presidente de CSIF, «reclamamos un acuerdo para que los empleados públicos no vuelvan a ser los ‘paganos de la crisis’ y recuperen en un plazo razonable su poder adquisitivo. Ya han perdido más de un 12% en la última década».

Y adelantó que «si el Gobierno no atiende a los empleados públicos y las medidas contra la crisis dañaran nuestras condiciones laborales CSIF realizará una campaña de movilizaciones en toda España para defender el modelo de administración que ha garantizado los servicios y prestaciones que reciben los ciudadanos en momentos críticos».

Y el martes el sector de la Enfermería se manifestará ante la sede del Congreso

Enfermeras y enfermeros se concentrarán el martes que viene frente al Congreso de los Diputados «para denunciar que más de 47 millones de personas llevan dos años y cinco meses esperando que la Ley de Seguridad del Paciente evite que puedan sufrir más riesgos, complicaciones, efectos adversos y un incremento de la mortalidad y morbilidad si tienen que ser atendidos en el sistema sanitario de nuestro país», señala el Sindicato de Enfermería Satse, en un comunicado.

Procedentes de todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, delegados y delegadas de Satse, profesionales y estudiantes de Enfermería están convocados a manifestarse ese día 26, a las 11 horas, ante el Parlamento para de esta manera mostrar «su profundo rechazo y malestar por la absoluta falta de voluntad política de algunos diputados para que se apruebe la Ley que garantiza la seguridad asistencial en todos los centros sanitarios y sociosanitario de nuestro país a través de una asignación máxima de pacientes por enfermera».