La Fiscalía pide 3 años para un alcalde de Zamora que propuso sexo a una menor a cambio de 300 euros

Marta del Carmen Luna, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Villalpando (Zamora), ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Castroverde de Campos (Zamora), Cecilio Lera, como supuesto autor de un delito de corrupción de menores y ahora será la Audiencia Provincial de Zamora la que señale el inicio de las sesiones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León..

La Fiscalía ha presentado escrito de acusación Lera y solicita para él tres años de cárcel.

Salió detrás de ella

Los hechos juzgados se remontan a finales del pasado mes de noviembre, cuando presuntamente Cecilio Lera a media tarde salió de un establecimiento hostelero de la localidad detrás de una menor del pueblo y le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales cuando se encontraba ebrio.

La niña, acompañada de sus padres, denunció lo ocurrido ante la Guardia Civil, que tramitó la denuncia por corrupción de menores y trasladó las diligencias al Juzgado de Instrucción de Villalpando.

El alcalde de Castroverde de Campos estuvo unos meses en prisión provisional por los hechos, pero ya se encuentra en libertad tras acordar someterse a un tratamiento de deshabituación alcohólica, según Efe.

Cecilio Lera sigue en la Corporación municipal, pese a estos hechos y a que también fue condenado anteriormente por un delito de violencia de género y amenazas.

El máximo responsable municipal, que es alcalde de la localidad desde las primeras elecciones democráticas, concurrió a los comicios en la lista del PSOE, partido del que ha sido expulsado por esta causa judicial, y ahora figura como concejal no adscrito.

El Ministerio Fiscal ha considerado que además de la pena de prisión procede imponer al acusado una medida de libertad vigilada durante seis años e inhabilitarle durante diez años contados a partir del cumplimiento de la pena de privación de libertad para ejercer cualquier oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

Además, el Ministerio Público ha solicitado que la medida de alejamiento de la menor a una distancia mínima de 200 metros y la prohibición de comunicarse con ella, que está vigente desde que quedó en libertad provisional, se mantenga durante seis años más contados a partir de que la sentencia sea firme.