«Aquí parece que todo el mundo es culpable menos Bretón»

José Bretón, condenado a 40 años por el asesinato de sus hijos Ruth y José, se juega su penúltima baza. Después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite el recurso de casación interpuesto por su abogada, Bárbara Royo, ayer tuvo lugar la vista que podría avalar o declarar nula la condena de prisión que recae sobre Bretón. A la espera de que el Tribunal se pronuncie al respecto, cuyo fallo podría llegar en días, semanas o meses al no existir límite temporal, la Fiscalía ha pedido que el Supremo «confirme plenamente la condena», una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba que ya fue ratificada en noviembre de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La vista pública del nuevo intento de Bretón por escapar de los barrotes arrancó con las observaciones de su abogada, que rehusó citarle al considerar que «pedimos justicia sin presiones externas, sin nombres ni apellidos». En su recurso de 550 páginas, Royo ha arremetido contra las irregularidades cometidas. Según la letrada, la recogida de las pruebas en la finca de «Las Quemadas» se hizo de forma ilegal: «Tres policías fueron el día 8 –a la finca–, enfocaron con una linterna, no vieron nada y se fueron sin precintar la zona. Al día siguiente por la mañana, ni con el sol alumbrando vieron los huesos. El Ministerio Fiscal asegura que los restos óseos son localizados el 9 de octubre por la mañana y que cuando se van se levanta acta. Eso es falso. El registro no empieza por la mañana y continúa por la tarde, sino que los policías van por la mañana, no ven ningún resto y se van, y luego por la tarde, cuando vuelven a la finca, los encuentran a las 19:00 horas». Tras recordar que «no vale falsear datos para que un ciudadano se pudra en la cárcel», ha destacado que se rompió la cadena de custodia de los restos óseos, porque «no hay documentos de recepción y entrega de pruebas y las dos cajas, que pasan por numerosas manos, llegaron desprecintadas según alegaron los técnicos» y «una dentro de otra». También ha argumentado que los registros se hicieron sin tener los permisos judiciales correspondientes a tiempo. Por todo ello, Royo considera que debería anularse la condena, máxime cuando «el jurado popular estuvo condicionado por lo que publicaron los medios» hasta tal punto que hubo «errores en el acta».

Tras la letrada, en representación del Ministerio Fiscal, Fidel Cadenas ha «tumbado» las observaciones de Royo. Cadenas ha hecho hincapié en que los peritos consultados aseveraron que «no hay duda de que esos restos óseos –los que llegaron a Madrid y ''se fueron de copas''– son los mismos que los que se localizaron en la finca, por lo que se ha garantizado la cadena de custodia y ese laberinto de ruptura que pretende –Royo– no se corresponde con la realidad». Cadenas ha reconocido que «existen pequeñas irregularidades», si bien «fueron ya subsanadas». Respecto al posible prejuicio del jurado popular, Cadenas ha recordado que el acta recoge lo dicho durante el juicio, y ha destacado que los niños «se pierden cuando están con él, y que los restos óseos se localizan en su finca. Esto es suficiente, no serían necesarias más pruebas».

Por último, ha llegado el turno de la abogada de Ruth Ortiz, María del Reposo, que, tras incidir en que no hay duda sobre las pruebas, ha afirmado que «aquí parece que todo el mundo es culpable menos el señor Bretón», en referencia a las dudas levantadas por Royo. Del Reposo ha recordado que los restos óseos «están metidos en una caja de cinc», y que «la madre de los hijos necesita hacer un duelo». Algo que no tendrá lugar hasta que no se confirme la condena.