Las denuncias por okupaciones de vivienda repuntaron un 7,4% en 2024 en el conjunto de España, con 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Cataluña se mantiene a la cabeza, al anotar 7.009 casos, lo que representa el 42% del total. Los procesos para desalojar a los okupas no son nada sencillos, pero todo se complica aún más cuando estos son vulnerables.

Las personas vulnerables son aquellas con limitaciones económicas o circunstancias familiares especiales y su situación y protección genera debate. Los okupas vulnerables están protegidos por el Real Decreto ley 11/2020, que fue prolongado hasta finales de este año 2025 tras el acuerdo entre Junts y el Gobierno por el que se aprobó el decreto social, es decir, tras la entrada en vigor del Real Decreto ley 1/2025. Esta norma impide el desahucio de toda persona vulnerable sin alternativa habitacional.

Estos son los requisitos para ser declarado vulnerable

Para poder ser considerado vulnerable, el interesado debe solicitar ante la autoridad judicial la condición de vulnerabilidad, momento en el que se exige la presentación de un informe elaborado por los servicios sociales del ayuntamiento. Dicho documento evalúa tanto las condiciones financieras como la estructura familiar del núcleo habitacional. Por ejemplo, se determina que los ingresos conjuntos no deben superar el triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a aproximadamente 1.800 euros mensuales. Si algún integrante padece una discapacidad o se encuentra en situación de dependencia, el umbral se eleva a 2.400 euros, mientras que en el caso de familias monoparentales con dos o más descendientes, la cifra autorizada asciende hasta 3.000 euros mensuales.

Asimismo, se consideran otros aspectos de índole familiar: el hecho de contar con hijos en edad infantil implica automáticamente la consideración de vulnerabilidad. Además, hogares que incluyen personas de edad avanzada o con necesidades especiales se insertan dentro de este régimen de protección.

Las mafias se aprovechan de la ley

Este procedimiento ha sido aprovechado por grupos organizados que se dedican a la ocupación irregular de viviendas. Estas redes orientan a posibles beneficiarios sobre cómo proceder en el trámite, exigiendo sumas de dinero a cambio de facilitar el acceso a la declaración de vulnerabilidad. De esta manera, se incita a la entrada ilegal en inmuebles, prometiendo que la condición obtenida impide el desalojo, técnica que distorsiona el espíritu original de la ley, pero que es muy utilizada en España. También, algunos okupas utilizan la inquiokupación, que consiste en pagar el alquiler algunos meses y luego quedarse en la vivienda sin volver a pagar ninguna renta-

El impacto para los propietarios

Esto provoca un aumento de casos en los que propietarios ven sus hogares invadidas por personas vulnerables a las que no pueden expulsar y tienen que pagar los costes debido a que está prohibido cortar los suministros a okupas. Además, el aval o seguro que introdujo el Gobierno para sufragar estos gastos no puede ser cobrado hasta que no se desaloje a los okupas.

La situación en España ha provocado que la Plataforma de Afectados por la Okupación levante la voz por la desprotección de su colectivo, que también considera que se concede la vulnerabilidad de forma demasiado arbitraria, sin unos informes realmente claros.