Boicot al perdón eclesial por el Patronato de la mujer

Las víctimas del Patronato de la Mujer, junto activistas del colectivo feminista, boicotearon esta tarde el «mea culpa» de la Iglesia. Desde hace más de un año se venía preparando un acto de perdón de la Iglesia hacia el colectivo de supervivientes de una institución pública erigida en 1941, en plena dictadura franquista, y que estuvo en marcha hasta 1985 con el objetivo oficial de proteger y educar a las mujeres que se encontraban en lo que se podría denominar «riesgo moral». Sin embargo, no siempre fue así. Y es que, en algunos de los centros de acogida que estaban regentados por congregaciones religiosas a través de convenios, lejos de ayudarlas, se acrecentaron sus heridas.

El evento convocado por la tarde en la Fundación Pablo VI era fruto de un diálogo entre la Conferencia Española de Religiosos, que aglutina a cerca de 32.000 consagrados pertenecientes a más de 400 congregaciones, y el colectivo «Las desterradas hijas de Eva», liderado por Consuelo García del Cid, que estuvo internada en un reformatorio gestionado por las adoratrices y vinculado al Patronato.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, el desarrollo del acto de perdón había sido acordado por ambas partes «después de numerosas reuniones y en un clima de confianza» que solo buscaba ser un tramo en el proceso abierto para intentar reparar el daño causado. Sin embargo, justo después de que las tres religiosas entonaron ese perdón en nombre de la Iglesia, incluyendo medidas tales como la apertura de los archivos, desde el público alguien las increpó despreciando sus palabras.

En ese momento, García de la Cid levantó un folio en el que se leía «No» buscando el foco de las cámaras y, en pocos segundos, comenzaron a alzarse más folios y se levantaron otros tantos en una acción programada y los gritos se multiplicaron durante varios minutos entre dos consignas: «Ni olvido ni perdón» y «Verdad, justicia y reparación». De esta manera, la escritora aclamada desde que llegó a la platea, parecía tumbar esa «confianza» que se había depositado en ella desde hacía meses. La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, se sumaba a la encerrona, mientras que la actual ministra del ramo, la socialista Ana Redondo, quizá consciente de lo que sucedía, permaneció sentada y se negó a abanderar la protesta. Se precipitaba así el final de una tarde que debía haber terminado con un gesto que incluía una entrega de rosas blancas en nombre de las víctimas del Patronato.

Antes, en el auditorio se escuchó el testimonio de algunas de las víctimas. «Me recibieron como un despojo y me trataron como una miseria humana», entonaba otra de las supervivientes. «Vi muertes de bebés», señalaba la siguiente. Y así una tras otra durante varios minutos: «Fue testigo del suicidio de Angelines», «Lo que había en el reformatorio eran abusos»...

Tras un largo aplauso como homenaje tomó la palabra Consuelo García del Cid, que repasó otros tantos episodios dolientes, desde «detenciones ilegales» hasta «bofetadas y palizas», pasando por «desapariciones forzosas». Su denuncia sobre los reformatorios no fue solo contra la Iglesia, sino también contra «el Gobierno de España y del Ministerio de Justicia», añadiendo un grito más a la causa con la mirada puesta en la entonces Maternidad de Peñagrande: «¡Robos de bebés!».

«La Iglesia no nos va a sanar, ni tampoco la Confer, porque en esos lugares Dios no estaba. Necesitamos justicia, no condescendencia», insistió quizá como prólogo del agrio final del acto.

Fueron tres superioras mayores de los institutos de vida consagrada que colaboraron con el Patronato quienes ejercieron de altavoz. Carmen Ortega, provincial de Europa de las Oblatas, asumió con «humildad y profundo dolor» las «humillaciones y malos tratos». «Pedimos perdón a todas aquellas mujeres que no fueron reconocidas en su dignidad y en sus derechos», señaló Antonia López, provincial de las adoratrices para Europa y África de Adoratrices. Mientras, Mar Mena, terciaria capuchina de la Provincia de Nazaret, planteó algunas de las medidas que ya están implementando para que el perdón público no se quede en papel mojado, como «una reparación moral y emocional» y «la máxima transparencia y reparación para esclarecer la verdad para quienes quieren conocer su historia personal desde los protocolos que sea necesario conocer».

Al finalizar el acto, el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego, se resistió a calificar de traición lo sucedido. «No diría tanto traicionado, lo que ha pasado es una expresión necesaria para expulsar la rabia», comentó el dominico que calificó de «positivo y valiente» el paso dado por la Iglesia.