Cae una red que generó un agujero de 100 millones con el comercio ilegal de luz

La operación «Ámbar», que sigue abierta, se ha saldado con 18 detenidos en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia, siete registros y cuentas y bienes inmovilizados.

La Guardia Civil ha destapado un fraude de casi 100 millones de euros de trece comercializadoras piratas de energía eléctrica que, dirigidas por un empresario del sector, suministraron luz a unas 4.000 pymes a precios más bajos con facturación falsa.

Ha sido la Unidad Central Operativa (UCO) quien ha llevado a cabo esta operación pionera en el sector, con la colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que ha supuesto la primera intervención penal para este tipo de fraude, que hasta ahora se sancionaba administrativamente.

De momento, la operación "Ámbar", que sigue abierta, se ha saldado con 18 detenidos en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia, siete registros y cuentas y bienes inmovilizados.

Paloma Espeja, subdirectora adjunta de Energía Eléctrica de la CNMC, y Francisco Almansa, teniente coronel jefe de Delincuencia Económica y Delitos contra la Administración de la UCO, han informado en rueda de prensa de esta operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Un año de investigaciones que retrotraen los hechos a 2012, cuando comenzó a operar una red que creó diversas empresas instrumentales para la comercialización de energía eléctrica.

Estas empresas, a nombre de testaferros, captaban a clientes, generalmente pymes, a las que les ofrecían la luz a un coste entre un 20 y un 30 por ciento más bajo que lo habitual, si bien no compraban a las generadoras de electricidad toda la energía que finalmente vendían a sus clientes.

De este modo, este desfase les provocó a las generadoras un agujero de 60 millones de euros, a los que hay que sumar otros 20 por el impago de los peajes obligatorios por la distribución, además de los 14 millones defraudados a la Hacienda Pública.

Al principio, estas empresas piratas, cuya media de vida era de dos años, empezaban a actuar de forma legal y sin dar pie a sospechas, pero poco a poco iban dejando de comprar a las generadoras hasta quedarse con la oferta mínima. Es decir, al final sólo adquirían el 1 por ciento de lo que sus clientes consumían y, por tanto, les abonaban.

Un desvío que no pagaban pese a los requerimientos de la CNMC, que finalmente las inhabilitaba, aunque la organización iba creando otras empresas piratas con sus correspondientes testaferros, a las que pasaban la cartera de clientes para perpetuar así el fraude.

Pese a los impagos, al cliente de las empresas estafadoras no se le cortaba el suministro (no puede hacerse legalmente) y pagaba a su proveedor las facturas, que generaban unos ingresos por los que la red no pagaba impuesto alguno a Hacienda.

En suma, las empresas piratas vendían energía que antes no compraban, con lo que el coste para ellas era escaso y las ganancias considerables.

La estructura societaria creada por el cabecilla, que se servía de colaboradores en dos centros operativos en Madrid y Barcelona, era aprovechada para liquidar empresas y para blanquear en España y en el extranjero los beneficios ilícitos.

Precisamente, esta fase de blanqueo está ahora en investigación, declarada secreta por el magistrado.

De momento, se han investigado 13 comercializadoras, detenido a 18 personas, incautados 18 vehículos y un velero, analizados 154 productos financieros -56 de ellos han sido bloqueados, así como nueve inmuebles-, descubiertas 180 sociedades del grupo -de ellas, 67 han sido investigadas- y localizados 24 testaferros.

En España hay alrededor de 450 comercializadoras que, como las investigadas, tienen que comunicar a los órganos correspondientes el inicio de su actividad, lo que hicieron también las investigadas apoyándose en una importante cartera de clientes con consumo de energía de alta tensión.

Fue en 2014 cuando se denunció un fraude de este tipo a la Fiscalía en Valencia, pero se archivó el caso por falta de pruebas. Más tarde, una segunda denuncia de un particular con más información permitió abrir las pesquisas, de las que se ha hecho cargo la UCO en una operación única y pionera.

Hasta ahora, como han explicado Almansa y Espeja, esta estafa solo se sancionaba en el ámbito administrativo, pero de la mano de la Dirección General de Energía y de la CNMC se ha podido ir más allá hasta dar con la estructura de una organización cuyo cabecilla, relacionado con el sector, contaba con unos servicios jurídicos muy cualificados.

La operación ha llegado a oídos del sector y la UCO ya está recibiendo llamadas de empresas y operadoras para interesarse.

Aunque el montante del fraude destapado no es excesivo en un mercado de más de 12.000 millones de euros anuales, la importancia de la operación "Ámbar"trasciende estas cifras por ser la primera dentro de un sector en el que hasta ahora no se había actuado por la vía penal y, por tanto, pone en guardia a otras posibles redes.