Casarse con Jekyll y tener un hijo con Hyde: perder el contacto con él y que el Gobierno no te apoye

El día que Javier Somoza conoció a Valentina Suraeva no se podía ni imaginar el calvario por el que iba a pasar. Fue durante una fiesta de Nochevieja de 2009 en su Galicia natal. “Maldito sea aquel día”, nos dice por teléfono. Un año después se casaron en el país de ella: Rusia. “Fue como Jekyll y Hyde -en referencia a “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”-. Al día siguiente de contraer matrimonio me empezó a decir que, para venir a vivir a España, primero mis hijos (fruto de una relación anterior) tenían que abandonar el hogar, que si tenía que darle dinero, vender la casa... Le dije que no”. Pasaron los meses y “me dijo que venía si teníamos un hijo en común”. Es entonces cuando Javier, que antes trabajaba en banca y ahora es empresario, decidió darle un mes para que las cosas se calmaran.

“Fui al departamento de reproducción asistida del Hospital Municipal Mariinsky de San Petersburgo para proceder a la congelación de una muestra seminal y acordamos por contrato ciertas directrices, como la fecha en la que la muestra debía ser destruida: 26 de agosto de 2011”. Poco tiempo después, la relación se rompe y, como Javier supo más tarde, el 15 de noviembre de ese año se procede a la descongelación de esa muestra (pese a que debió ser destruida el 26 de agosto) y a la inseminación de Valentina, que queda en estado. El 22 de julio de 2012, un mes antes de la fecha prevista del parto, nace su hijo: Miguel. Desde entonces Javier, que es portavoz de la Asociación Niños Sin Derechos, estima que ha podido gastar al menos 198.000 euros entre pagos, viajes, denuncias... “No veo ni hablo con mi hijo desde hace dos años, tres meses y 13 días”. A Javier no le preocupa pasarle una pensión, “es mi hijo y lo quiero hacer, pero también verle”.

El calvario de Somoza no termina ahí. Javier lleva años luchando para que las autoridades españolas le defiendan. El pasado lunes, Javier presentó una queja ante la Comisión Europea en la que denuncia la inacción por parte de las autoridades españolas en el caso de su hijo, “ciudadano español”. En concreto, del Ministerio de Justicia. Desde España le trasladan que “no es competente para juzgar delitos cometidos en otros países contra ciudadanos españoles, obviando -según recoge la queja a la que ha tenido acceso este periódico- que el Estado español sí puede actuar dentro de los convenios y tratados internacionales y bilaterales contra ese país”. En la misma, Javier también adjunta las distintas cartas enviadas así como los 2.333 correos dirigidos a diversas entidades de la Federación de Rusia y de España solicitando protección.

“A pesar de haber enviado en innumerables ocasiones documentos que prueban que estoy pagando la pensión alimenticia, éstos son rechazados por las autoridades rusas. Hace pocas semanas me he enterado que el día 5 de marzo de este año, sin mi presencia, sin permitirme participar y sin defensa, he sido condenado en un juicio sumarísimo a dos años de prisión. No puedo ir a Rusia so pena de ser detenido y encarcelado. De nuevo, el día 16 de noviembre de 2018, se celebró en la ciudad de Mysky, Kemerovo Oblast, un juicio en el que de nuevo obviaron mi participación o representación jurídica y donde me excluyeron de todos mis derechos paternos. Del resultado de este juicio fui informado directamente por este juzgado mediante un correo electrónico, en idioma ruso, dirigido a mi correo particular y saltándose todo procedimiento contemplado en convenios internacionales. De esta forma, no tengo posibilidad de apelar dicha decisión judicial”, detalla en el documento enviado a la Comisión Europea.

“No hay derecho a que el Ministerio de Justicia haya hecho oídos sordos afirmando que no les corresponde, cuando no es así”, explica Somoza. Sus cartas, sus emails, sus ruegos sí han servido para que “esta mañana, desde Exteriores, me hayan llamado para aseverarme que van a organizar una cita con las autoridades rusas para alcanzar una propuesta de solución ante casos de secuestro parental por vía humanitaria, dado que también hay muchos niños en España sin comunicación con padres de Rusia”.

Él sabe bien que su caso no es el único. Como portavoz de la Asociación Niños Sin Derechos lleva años solicitando a las autoridades españolas que exijan a los países que desobedecen los convenios y tratados en los que somos parte el cumplimiento de la debida cooperación.