El último barómetro del CIS lo deja claro, la okupación es uno de los principales problemas para los españoles. Los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda en España aumentaron un 7% en 2024 con 16.426 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con Cataluña (7.009) a la cabeza, comunidad en donde estos hechos delictivos se incrementaron un 12%. Para luchar contra los okupas, está cerca de entrar en vigor una reforma que permitirá juzgar los casos de allanamiento y usurpación de forma rápida.

Sin embargo, algunos expertos como Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro explican que se debe afrontar el tema de forma integral: “No basta con modificaciones puntuales o decretos-leyes que, por su propia naturaleza, no pueden dar una respuesta completa a un problema que requiere soluciones de amplio espectro”.

Para afrontar esta situación, Alquiler Seguro ha presentado un paquete de diez propuestas concretas que buscan reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y fomentar un mercado del alquiler estable.

Estas son las diez medidas de los expertos para acabar con los okupas

• Promoción de un marco jurídico claro, seguro y estable: Las modificaciones normativas constantes generan inseguridad tanto para propietarios como para inquilinos. Es imprescindible establecer un marco regulador que brinde estabilidad y protección a ambas partes en el alquiler.
• Regulación global de la vivienda: La compañía defiende una reforma legal completa que elimine la falta de certeza jurídica y optimice los trámites relacionados con el arrendamiento y la ocupación ilegal.“No basta con modificaciones puntuales o decretos-leyes que, por su propia naturaleza, no pueden dar una respuesta completa a un problema que requiere soluciones de amplio espectro”, explica Carlos Sánchez.
• Implantación de un registro de sentencias firmes de impago de rentas de alquiler: “Desde Alquiler Seguro consideramos que debe desarrollarse el Registro público de sentencias judiciales firmes de impagos”, señala Sánchez. Este registro facilitaría a los arrendadores información sobre posibles antecedentes de morosidad de un futuro inquilino, contribuyendo a una mayor transparencia en el sector.
• Creación de un censo de alquileres: Una base de datos que recoja los contratos de arrendamiento formalizados, utilizando, entre otras fuentes, la información proporcionada por los propietarios al depositar la fianza, y que sea accesible para todas las administraciones. Esto permitiría tanto a las autoridades locales como a los cuerpos de seguridad identificar a los inquilinos legítimos y a quienes ocupan inmuebles de manera irregular.
• Mecanismos de expulsión ágil de ocupaciones ilegales: Se propone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan proceder al desalojo en un plazo de 48 a 72 horas, garantizando la restitución inmediata de la vivienda a su legítimo propietario. Si la persona que ocupa la vivienda no figura en el censo de alquileres ni puede acreditar documentalmente su derecho a estar allí, debería ser desalojada sin necesidad de más trámites. A su vez, si los ocupantes se encuentran en situación de vulnerabilidad, los cuerpos de seguridad deberían informar a la Administración, que asumiría la responsabilidad de proporcionarles una solución habitacional acorde a su situación.
• Revisión del padrón municipal y limitación del acceso a ayudas públicas: La empresa plantea que los ayuntamientos revisen los criterios de empadronamiento y adopten medidas para evitar que la ocupación ilegal genere derechos administrativos. En esta línea, propone que quienes ocupen inmuebles sin título legítimo sean excluidos del padrón municipal y no puedan acceder a ayudas públicas o se les retire si ya las perciben. “La imposibilidad de obtener subvenciones no es novedosa, en el ámbito medioambiental, por ejemplo, una infracción puede conllevar esta sanción durante años”, explica Sánchez. “No se trata de dejar a nadie sin recursos, sino de garantizar que las ayudas públicas se destinan a quienes acceden a la vivienda por vías legales”, añade.
• Agilización de los litigios civiles de desahucio por precario: Los procedimientos judiciales de desahucio deberían contar con una regulación específica que permita resolverlos en un máximo de un mes, reduciendo la incertidumbre y las pérdidas económicas para los propietarios.
• Equiparación del tratamiento del allanamiento y la usurpación: Se propone que ambos delitos sean tratados de la misma manera en el ámbito legal y que las fuerzas de seguridad puedan intervenir en un plazo de 48 a 72 horas para desalojar a los ocupantes ilegales, sin importar si se trata de la vivienda habitual del propietario o no. Registro de empresas de mediación entre propietarios y ocupantes: Para garantizar claridad en la mediación, Alquiler Seguro sugiere la creación de un registro administrativo de empresas dedicadas a la desocupación de inmuebles ocupados ilegalmente. Este registro permitiría a la Administración supervisar su labor y exigir garantías, como la participación de un notario en las negociaciones. Además, podría establecerse como un paso previo obligatorio antes de recurrir a la vía judicial, aportando más seguridad y transparencia para los propietarios.
• Aumentar los plazos de desclasificación de las VPO: Con el fin de evitar la especulación y asegurar que las viviendas protegidas lleguen a quienes realmente las necesitan, se propone ampliar los plazos de desclasificación de las Viviendas de Protección Oficial. “La ocupación ilegal no solo afecta a los propietarios, sino que también encarece el alquiler y genera inseguridad en el mercado. Nuestras propuestas buscan equilibrar la protección de los propietarios con soluciones habitacionales para las personas en situación de vulnerabilidad”, concluye Carlos Sánchez.