Becerril pide la modificación de la Lomce para que no discrimine a los discapacitados

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Gobierno que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) preste especial atención a los principios de normalización e inclusión y de no discriminación e igualdad de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta recomendación es consecuencia de la petición de recurso ante el Tribunal Constitucional formulada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra la Lomce.

Si bien el Defensor del Pueblo no ha presentado recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal, considera necesario formular esta recomendación "para que se garantice normativa y presupuestariamente la educación inclusiva del alumnado con discapacidad en el desarrollo y la aplicación de la ley", según señaló este martes en un comunicado. El Defensor del Pueblo recuerda que el derecho a la educación de los niños con discapacidad se basa en los principios de inclusividad y no segregación, con una escolarización normalizada y con los apoyos educativos necesarios en centros ordinarios. "La escolarización en centros ordinarios debería ser la norma, mientras que la escolarización forzada de alumnos con discapacidad en centros de educación especial debería tener carácter excepcional", señala la defensora en un comunicado.

A juicio de la institución, es necesario dotar a los centros ordinarios con los medios personales y materiales necesarios para la escolarización de alumnos con necesidades educativas específicas para que su escolarización sea posible en condiciones de igualdad. Además, ve preciso facilitar a los padres o tutores de los alumnos una participación activa, completa y directa en las decisiones de escolarización que se adopten y establecer mecanismos ágiles y eficaces de reclamación y recurso en el caso de los padres o tutores no estén conformes con las decisiones de las administraciones educativas.

Demandas

El Cermi había pedido al Defensor del Pueblo que plantee recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce, por considerar que "no garantiza la educación inclusiva con apoyos del alumnado con discapacidad", según señaló en un comunicado. En un escrito que presentó en enero ante el Defensor del Pueblo, el comité expone los argumentos jurídico-constitucionales que, a su juicio, fundamentan la necesidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad, ya que "la Lomce no ha dado cumplimiento al bloque de constitucionalidad que se deriva de la ratificación por España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

"A pesar de las demandas del movimiento social de la discapacidad a lo largo de la tramitación de la iniciativa normativa, la ley finalmente aprobada por el Parlamento entra en conflicto claro con los mandatos de educación inclusiva contenidos en el tratado de derechos humanos de la discapacidad de Naciones Unidas", argumentaba el Cermi. En concreto, apuntaba que la Lomce no ha terminado con la segregación educativa por razón de discapacidad que se mantiene en el ordenamiento jurídico español, que supone la existencia de unas estructuras de educación especial, distintas a las generales del sistema formativo, en las que se obliga a escolarizar a una parte del alumnado con discapacidad.

Esta segregación educativa por motivos de discapacidad, aseguraba la plataforma, "es discriminatoria y contraria a las obligaciones internacionales asumidas por España". La Lomce, proseguía, tampoco ha suprimido la potestad que la legislación vigente concede a las administraciones educativas, que son las que en última instancia deciden sobre la modalidad de escolarización, ordinaria o especial, del alumnado con discapacidad, lo que contraviene la libertad de elección que la Convención de la ONU garantiza a toda persona con discapacidad.