El supuesto de malformación abre el debate entre las autonomías

El próximo miércoles todos los consejeros de Sanidad del país se reunirán en Toledo con motivo del Consejo Interterritorial. Una cita en el que se van a abordar varios temas pero, sin duda, el más polémico es el número 37 que se ha incluido en el último momento y que busca abordar un informe que el Ministerio de Justicia solicitó hace cinco meses, tras aprobar el anteproyecto de Ley del Aborto. Porque para que se convierta en proyecto, tiene que recibir los informes pertinentes. Ya se conoce la valoración del Consejo Fiscal, del Comité de Bioética, de los médicos, de varias asociaciones de mujeres y, dos días después de la Interterritorial, dará su informe definitivo el Consejo General del Poder Judicial.

El informe que solicita el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón a Sanidad busca que se analice «el impacto en normativa sanitaria del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer». En la reunión, como ha podido saber LA RAZÓN, se escucharán las voces de los 17 consejeros para elaborar un informe conjunto que le puedan remitir a Justicia. Eso no significa que se deba acordar una postura unánime, sino que cada uno expondrá sus argumentos y del acta final saldrá el informe. Con el anuncio de Sanidad de que se iba a incorporar este punto en el orden del día, varios de los asistentes han mostrado su malestar y han solicitado la retirada de este punto, como la consejera de Canarias, Brígida Mendoza, que ha enviado una carta al Ministerio. «Dada la repercusión que el texto tiene en los derechos de las mujeres, le solicito el aplazamiento del punto 37 hasta que sean conocidos el resto de informes preceptivos para la tramitación de la Ley», recoge la petición. A ella se han sumado otros consejeros, como el de Asturias o la de Andalucía. Y es que, aunque será necesario esperar a la reunión del miércoles, sólo con las posturas que han mantenido los barones de algunas autonomías se podrá conocer la postura que van a mantener en Toledo. Como ha podido saber este diario, Justicia ha centrado la defensa de su norma en la protección del no nacido y, sin embargo, el gran debate se va a centrar en la introducción o no del supuesto de malformación que, si se mantiene la ley como hasta ahora, no se incluiría. Desde la Consejería de Valencia han asegurado que «la regulación del aborto pertenece al Estado» y que, por tanto ellos la acatarán.

El experto en Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, analiza cuáles podrían ser los puntos más polémicos que podrían afectar la normativa actual, al margen de que, como apuntan algunas asociaciones, la norma planteada por Justicia pueda chocar con las leyes de igualdad que se pusieron en marcha con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: «El tema más relevante es la exclusión de la malformación fetal y que Gallardón ha incluido dentro del anteproyecto para cumplir con la recomendación de Naciones Unidas. El informe del Consejo Fiscal apunta a que si se elimina este supuesto –que sí contempla la ley de 1985– la norma seguiría siendo constitucional». Y es que el Gobierno aún espera la decisión del Tribunal Constitucional de la Ley del Aborto de 2010 a la que recurrió el PP y que, según el experto, «podría ser inconstitucional al considerar el aborto como un derecho. Una opción que no se ha recogido en ningún país de la UE pero que si se aprueba la nueva norma no sabremos si es legal o no, «porque al derogar la norma y sustituirla por la que plantea Justicia no tendría cabida recurrirla. La ley actual es inconstitucional porque desprotege al feto y choca con el artículo 15 de la Carta Magna. Sin embargo, la norma que se presentó en Consejo de Ministros el pasado diciembre esté milimetrada jurídicamente».

Al margen del aborto eugenésico, otro de los puntos controvertidos que valorarán los consejeros es el de las menores de 16 años que, con la norma vigente, pueden abortar sin contar con la autorización de sus padres. El anteproyecto exige esta autorización y en el caso de que exista conflicto entre el menor y sus progenitores, tendrán que acudir al juez.