Nueve euros para el aborto, uno para el embarazo

España destina 34 millones para la interrupción del embarazo y 3,6 para el apoyo económico a las gestantes en riesgo de exclusión social. Mientras, la natalidad continúa cayendo. Es la principal conclusión del Mapa de la Maternidad 2017 de RedMadre

España destina 34 millones para la interrupción del embarazo y 3,6 para el apoyo económico a las gestantes en riesgo de exclusión social. Mientras, la natalidad continúa cayendo. Es la principal conclusión del Mapa de la Maternidad 2017 de RedMadre.

En España, el aborto va antes que el embarazo, al menos en lo que a ayudas públicas se refiere. Porque según el último Mapa de Maternidad que elabora la Fundación RedMadre y que sus representantes presentaron ayer, de cada diez euros que se destinaron en 2017 a financiar ambas causas, un total de nueve fueron para la interrupción voluntaria del periodo de gestación. Todo esto a pesar del problema demográfico que sufre en la actualidad el país: cada vez nacen menos niños y la pirámide de población se invierte más y más. De hecho, ya mueren más personas que nacen. Y es que el Estado dedica una media de 7,6 euros anuales a cada embarazada, unos números muy alejados de las prestaciones que se reparten en Alemania –735 euros por gestante y 194 mensuales por cada hijo a su cargo–, el país que los expertos señalan como modelo a seguir.

«El conjunto de las administraciones públicas financiaron el aborto con 34 millones de euros en 2017 y solo destinaron 3,6 millones para apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad», explicó Antonio Torres, presidente de RedMadre, una entidad que engloba a más de 40 asociaciones. Según sus datos, las partidas se redujeron el año pasado en un 24 por ciento, un descenso que, a su juicio, explica que España encabece las clasificaciones de número de abortos en el continente: 18,99 por cada cien embarazos, un total de 93.131 solo el año pasado. Dicho de otra manera, se producen 234,41 interrupciones del periodo de gestación por cada mil nacimientos.

La situación es especialmente dramática en algunas comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Canarias, Ceuta, Murcia y Navarra no tienen ningún tipo de ayuda por nacimiento. En el extremo contrario se sitúa Galicia con 1,9 millones de euros al año y 88,49 euros por mujer. A bastante distancia le siguen Madrid –400.000 euros y 5,24 euros por mujer– y País Vasco –350.000 euros y 17,06 euros por mujer–. Estas tres regiones aglutinan el 72,51 por ciento del gasto público a este respecto.

Por eso son cada vez más necesarias las organizaciones de carácter privado. «Nueve de cada diez mujeres que piden ayuda a la Fundación RedMadre siguen adelante con el embarazo. Constatamos que una mujer que recibe el apoyo que necesita opta por tener a su hijo. Si las administraciones públicas financiasen políticas de apoyo a la mujer embarazada se acabaría con el abandono dramático y se ayudaría a promover el aprecio a la maternidad», indicó durante la presentación Amaya Azcona, directora general de la fundación.

Por ayuntamientos, las mayores cuantías se reparten en Guadalajara –100.000 euros–, Salamanca –93.900 euros– y Ciudad Real –90.600 euros–. Pero el que se alza como el lugar que mejor trata a las mujeres embarazadas es el municipio madrileño de Boadilla del Monte. En concreto, las mujeres embarazadas menores de 26 años que estén de más de 14 semanas de gestación reciben un subsidio de 250 euros mensuales. El problema es que esta localidad es una excepción a un panorama que los expertos califican de «demoledor» e «incomprensible».

Además de los representantes de la institución, al acto también acudieron algunos de los patronos de la Fundación RedMadre: el político y abogado Adolfo Suárez Illana; el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; y la profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, María Calvo.

Uno de los más tajantes en sus declaraciones fue Suárez Illana: «Estamos hablando de la vida y la muerte». Además, también recalcó que la situación debería tener un enfoque interdisciplinar porque «ninguna mujer debería abortar por motivos económicos, sociales, familiares o culturales. El Estado debe ser ese brazo fuerte en el que encuentre apoyo el débil. Además, hay que apostar por una ley de protección a las mujeres embarazadas que recoja todas las medidas de apoyo», defendió Suárez Illana.

Un protocolo específico

La necesidad de crear un «protocolo específico» para atender a las gestantes que se encuentran en riesgo de exclusión social fue uno de los puntos en los que coincidieron todos los que participaron ayer en el desayuno informativo, aunque también recalcaron la necesidad de pautar cuándo una mujer se encuentra en situación de riesgo. Como ex ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid, Ruiz-Gallardón no rehusó pronunciarse sobre el tema. «Lo progresista es defender y apoyar la libertad de las mujeres para ser madres. Urge aprobar una ley de apoyo a la mujer embarazada que garantice que va a recibir la ayuda psicológica, médica, legal y económica que precise», añadió.

Pero los expertos también saben que se trata de una cuestión de voluntad de todas las instituciones porque, desde el punto de vista legal, «no existe ninguna obligación para que todas las administraciones ayuden a las madres gestantes. Este derecho no puede depender del municipio donde vive la mujer, sino que todas las españolas deberían tener las mismas oportunidades», subrayó Ruiz-Gallardón.

«La maternidad es un bien para la mujer y para la sociedad. La mujer tiene derecho a que la maternidad no sea impedimento para desarrollarse en otro ámbitos de la vida, como puede ser el laboral, y para ello necesita que se le ayude y acompañe ante los problemas que le puedan surgir. Incluso una política de apoyo a la mujer embarazada ayudaría a la lucha contra el declive demográfico en España», apuntó María Calvo.

Dentro de esa estrategia para favorecer la maternidad en España, los participantes en la presentación del Mapa de la Maternidad de 2017 señalaron la necesidad de fijar política que regule el acceso a los pisos de acogida, becas para que las gestantes puedan continuar con sus estudios y, sobre todo, no penalizar a la mujer en el desarrollo de su carrera profesional.