«Espero que no den nunca más un hijo a un maltratador»

Tras 15 años de batalla legal, Ángela González ha logrado que el Supremo le dé la razón. Su hija Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre, condenado por violencia de género, en una visita no vigilada. Tras mediar la ONU, el Alto Tribunal condena a España a indemnizarla con 600.000 euros. Hubo negligencia

Andrea tenía sólo siete años cuando su progenitor, denunciado por su ex mujer por maltrato, acabó con la vida de la pequeña y después se suicidó. Los padres se habían separado y a pesar de las denuncias de la mujer, la Justicia autorizó visitas no vigiladas del padre con la menor. Desde entonces su madre, Ángela González, ha luchado para que se reconozca esta negligencia que la mató en vida. Una batalla legal que ha hecho por su hija, por ella y, por ende, por todas las mujeres e hijos, al defender que ningún niño vuelva a ser asesinado por prevalecer los derechos de un adulto frente a un menor. Una batalla legal que ha durado 15 años y que ha requerido incluso de que Naciones Unidas se pronuncie para que por fin un tribunal español le dé la razón. El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a indemnizar con 600.000 euros a Ángela González por daños morales, informó ayer Efe. Un fallo que Ángela ha recibido con alegría: «Después de 15 años, la Justicia, finalmente, me devuelve mi dignidad. Agradezco que esto haya sido en mi país. Sé y veo que se están haciendo cosas para luchar realmente contra esta lacra que vivimos (la violencia de género). Espero y deseo que esta sentencia sirva para que la Justicia no entregue nunca más a ninguno de nuestros hijos a un padre maltratador, a un padre que les está maltratando y manipulando», afirmó Ángela en un audio enviado vía WhatsApp.

«(Los menores) por fin empiezan a ser visibles –prosigue–. Sé que es un paso difícil, pero es la única manera de que no queden marcados para el resto de sus vidas, evitando en lo posible que nos los asesinen».

«Quiero dar las gracias a todas las personas que han creído en mí desde el principio y me han apoyado», añadía Ángela, que, según su letrada, Gema Fernández, de Womens Link Worldwide, estaba aún que no se lo creía. «Está muy emocionada. Este fallo es una recompensa a una lucha que ha durado 15 años». Fernández recuerda que González se separó de su ex marido para huir de la violencia de género. Trató de proteger a su hija poniendo denuncias ante la Policía y en los juzgados. Ángela decidió separarse cuando en una ocasión su entonces marido la amenazó con un cuchillo en la cocina. La niña presenció todo y a Ángela le daba miedo cómo le iba a afectar a la pequeña ver esta violencia en su hogar. Pero este paso no evitó que el progenitor de Andrea las acosara, se presentara en el colegio un día sí y otro también para intentar llevarse a la pequeña a la fuerza, etc.

A pesar de todo ello, el padre logró que la Justicia le concediera visitas con su hija. Al principio fueron bajo supervisión, después sin vigilancia, aludiendo el derecho de un padre –maltratador– a mantener lazos con sus descendientes. Eran otros tiempos, cuando a la lucha contra la violencia de género no se le prestaba tanto interés, pero lo cierto es que aún siguen produciéndose hechos similares; de ahí, la importancia de esta sentencia.

Un fallo, que ha venido tras una ardua batalla legal, en la que los juzgados no daban la razón a esta madre que pedía que el Estado se hiciera responsable patrimonial de la negligencia. «El Ministerio de Justicia le dijo que no y recurrió a la Audiencia Nacional, al Supremo, al Constitucional. En 2011 el TC le inadmite su recurso de amparo», recuerda la letrada. Fue ese año cuando la abogada de Womens Link Worldwide conoce a Ángela. «En 2012 decidimos demandar a España como Estado al Comité contra la discriminación contra la mujer de la ONU (Cedaw). En 2014 publica su dictamen diciendo que hubo negligencia y responsabilidad del Estado dado que, a pesar de las denuncias, no se les protegió». En concreto, el Cedaw argumentó que «la decisión de permitir las visitas no vigiladas fue tomada sin las necesarias salvaguardas y sin tener en consideración que el esquema de violencia doméstica que caracterizó las relaciones familiares durante años, no contestado por el Estado parte (España), aún estaba presente». Y da cinco recomendaciones: indemnizar a Ángela; que el Estado tiene que reforzar la aplicación de las leyes; la formación obligatoria de los actores jurídicos; que el interés del menor es superior a que los padres maltratadores visiten a sus hijos, y que investiguen qué falló en este caso. Pero, a pesar del dictamen, no pasó nada y «volvimos a judicializar el caso. El Ministerio de Justicia lo desestimó por silencio administrativo, recurrimos a la Audiencia Nacional, que también lo desestimó diciendo que la decisión de la ONU no era vinculante y recurrimos al Supremo, que ha concluido que los estándares de derechos humanos hay que cumplirlos». Es la primera vez que se condena al España a pagar una indemnización por no cumplir un dictamen del Cedaw. Los siguientes pasos de la letrada no son baladí: «lograr que las otras cuatro recomendaciones de la ONU se cumplan».