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Vivienda
La inquiokupación es uno de los principales problemas que afecta a los propietarios en España, especialmente a los pequeños. Uno de los últimos casos es el de Adrián, un hombre que vive de alquiler en el lugar donde trabaja mientras alquila un inmueble de su propiedad en Barcelona para financiarse. El pasado enero su inquilino le dejó de pagar y comenzó un infierno para él, que apenas puede llegar a fin de mes. Para más inri, los inquiokupas están realquilando habitaciones y lucrándose con una vivienda que no es suya.
No es un caso aislado, es un problema que afecta a todos los estamentos de la sociedad. Lo sufre Kathy, una madre de familia que alquiló su segunda vivienda, o Antoni Daimiel, un reconocido periodista deportivo, aunque en su caso no le afecta a su día a día. Según explicó la propia Kathy en una entrevista a LA RAZÓN, el principal causante de este problema es el Real Decreto ley 11/2020que impide el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Este decreto fue prorrogado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)tras el acuerdo entre Podemos y PSOE a finales del mes de diciembre para que se alargue el llamado "escudo social" hasta que acabe el año 2025. Sin embargo, esa prórroga no está garantizada hasta finales de año. Como ocurre con cada medida del Consejo de Ministros, el Congreso de los Diputados tiene que aprobarla y ya hay fecha para la votación.
La votación del Real Decreto ley 11/2020 que afecta a los desahucios tendrá lugar el miércoles 22 de enero en el Congreso de los Diputados. Para que se confirme la prórroga tiene que alcanzar mayoría el sí, algo que no está del todo claro, con más de una formación política en duda sobre su decisión. Hay un detalle del decreto que afecta a los desahucios de las personas vulnerables que puede decantar la votación.
En el Congreso de los Diputados no se votará únicamente la prórroga de la paralización de los desahucios vulnerables. El Real Decreto ley 11/2020 es un decreto ómnibus, que significa que van distintas medidas dentro del mismo y se votan todas a la vez. En este caso, se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. El no querer tumbar o viceversa otras medidas puede provocar que el voto de algún partido caiga de un lado u otro.
Según señalan desde las asociaciones que luchan contra el fenómeno okupa, los dos partidos que aún no han decidido, o al menos no lo han hecho público, si van a votar a favor o en contra son el PNV y Junts. La formación vasca propuso los juicios rápidos para luchan contra el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda, que, aunque no afectan a los inquiokupas, tiene que ver con la agilización de los desalojos. Su líder, Aitor Esteban, ha tenido algún cruce con Ione Belarra en redes sociales por este tema. Desde la Plataforma de Afectados Ocupación solicitan a vascos y catalanes que frenen esta prórroga.
Aprovij, la Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica, ha ido un paso más allá y ha convocado una manifestación frente al Congreso de Diputados el próximo 22 de enero, día en el que se realiza la votación, a las 11 de la mañana. Kathy, mencionada anteriormente, es la presidenta de Aprovij y es muy clara sobre este decreto en una entrevista a este medio: "Se tendría que hacer un estudio de lo que provoca el Real Decreto. Los propietarios están quitando sus casas por miedo, hay menos oferta y cuando hay una, llegan 200 personas y se convierte en una puja al mejor postor y el de bajos recursos se queda fuera".
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