Tres años después de que el volcán de Tajogaite arrasara cientos de hectáreas en La Palma, una jueza de primera instancia ha puesto negro sobre blanco lo que el sentido común ya dictaba: replantar una finca no significa que la actividad agrícola haya vuelto a la normalidad.

La justicia ha dado la razón a un agricultor del Valle de Aridane, que podrá seguir cobrando la ayuda extraordinaria por cese de actividad hasta que su terreno vuelva a generar ingresos reales. Una decisión que, más allá del caso individual, pone en evidencia la torpeza –o desidia– con la que la administración central ha gestionado la recuperación de los afectados por la erupción.

El fallo judicial reconoce lo obvio: sembrar no es cosechar, y mucho menos vender. Pero no ha sido fácil llegar hasta aquí. Detrás de esta resolución hay dos años de lucha burocrática protagonizada por Patricia Suárez, hija del agricultor afectado.

Graduada en Relaciones Laborales y con experiencia en la tramitación de ayudas durante la pandemia, Patricia ha hecho lo que debería haber hecho el Estado, que es proteger a quienes han perdido su medio de vida. «La Seguridad Social entendía que como mi padre ya estaba trabajando en la finca, se le acababa la ayuda. Pero no es así. Trabaja, sí, pero aún no genera ingresos», explica con claridad.

En el caso del plátano, el ciclo productivo supera con creces el año. Y mientras tanto, el agricultor sigue pagando su cuota como autónomo, sin percibir un solo euro. ¿Es esto un regreso a la actividad? Para los burócratas, sí. Para la realidad, no.

Esta resolución judicial llega respaldada por el Defensor del Pueblo y por el Congreso de los Diputados, instituciones que han pedido reiteradamente una modificación del decreto que regula estas ayudas, pero el Gobierno sigue sin mover ficha. «En 2023 solo recibimos falsas promesas», denuncia Patricia. La sentencia es un paso adelante, sí, pero no una victoria definitiva. El decreto sigue sin corregirse, y el drama continúa para decenas de pequeños agricultores.

El caso de la familia Suárez es un símbolo. Han logrado resembrar el 25% de la finca y han empezado a obtener cosechas. Pero buena parte del terreno quedó sepultado bajo la lava y es, a día de hoy, irrecuperable. Los costes para reconstruir invernaderos o sistemas de riego son inasumibles para una economía familiar. A esto se suma el desesperante retraso en el pago de las compensaciones por pérdida de renta. La correspondiente a 2024 ni siquiera ha llegado y la del año anterior tardó un año en abonarse. La comunicación institucional ha desaparecido. «Ya no se hacen ni reuniones informativas», lamenta Patricia.

La justicia ha hecho su trabajo. Ahora le toca al Ejecutivo. No basta con reconocer el esfuerzo de los palmeros en discursos emotivos. Hay que garantizar una recuperación real, con ayudas eficaces y adaptadas a la realidad agrícola. Porque mientras los pequeños agricultores sigan pagando por trabajar sin ingresos, lo que crecerá en La Palma será el abandono.

Derecho constitucional

Por otra parte,la Bombilla, ese pequeño núcleo costero de La Palma donde el mar y la lava conviven peligrosamente, vuelve a ser escenario de una historia que no solo habla de volcanes y gases tóxicos, sino también de burocracia, desgaste institucional y, sobre todo, del abandono al que se ven sometidos sus vecinos y vecinas. El pasado 14 de marzo, el Juzgado Número 1 de Los Llanos de Aridane archivó la causa penal contra al menos una docena de residentes que, tras la erupción volcánica de 2021, volvieron a sus casas a pesar de las restricciones impuestas por la Delegación del Gobierno. El auto judicial no deja lugar a dudas: no se puede continuar el procedimiento penal porque no hay indicios suficientes de delito. Pero la historia no termina ahí. Lo que debería haber sido una victoria reparadora para unos ciudadanos que han perdido casas, medios de vida y tranquilidad se convierte, paradójicamente, en un símbolo del sinsentido administrativo que reina en muchas catástrofes gestionadas desde la distancia y sin contexto humano.

La misma administración que ahora retira las denuncias penales mantiene intactas las sanciones económicas, que en algunos casos superan los 30.000 euros. Una condena que no lleva toga, pero pesa igual o más que una judicial.

No es poca cosa lo que arriesgaban estos vecinos y vecinas: el delito de desobediencia a la autoridad está penado con hasta seis años de cárcel. Su supuesto crimen: volver a sus casas en una zona catalogada como de exclusión por concentraciones anómalas de CO2. Lo hicieron bajo su responsabilidad, con medidores de gases en mano y sin una orden judicial que les impidiera expresamente el paso. Volvieron movidos por una necesidad vital, no por rebeldía. Pero la Delegación del Gobierno optó por criminalizar el gesto, olvidando que el derecho a la vivienda también es un derecho constitucional.