Marisco

La Guardia Civil detecta almejas vivas introducidas en Canarias procedentes del Sáhara

Al no ser aptas para el consumo, fueron destruidas

Las almejas detectadas por la Guardia Civil
Las almejas detectadas por la Guardia Civil Guardia Civil

La Guardia Civil ha detectado la presencia de almejas vivas, procedentes de El Aaioún, que se comercializaban de forma irregular en el Mercado Central de Las Palmas. Por este motivo, se llevaron a cabo una serie inspecciones en diferentes establecimientos del citado lugar; fueron detectados 57,790 kilogramos de almejas vivas que carecían de identificación y sin acreditar su origen y trazabilidad.

Las almejas eran supuestamente introducidas como equipaje individual de pasajeros que viajaban en vuelos procedentes de El Aaiún (Marruecos), informa la Guardia Civil. Inmediatamente, el SEPRONA levantó acta, intervino la mercancía expuesta y la puso a disposición de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, los cuales, posteriormente, ordenaron su destrucción. Es importante tener en cuenta -- añade-- que los productos del marisqueo, de los que no puede verificarse su procedencia, manejo ni mantenimiento adecuados, pueden conllevar un riesgo para la salud humana en caso de llegar al consumidor final.

El SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, en colaboración con el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias, ha realizado alrededor de 50 inspecciones encaminadas al control de productos agroalimentarios comercializados en diferentes establecimientos de un mercado central de abastecimientos de Gran Canaria.

Las inspecciones se han realizado con el objetivo de comprobar el comercio de diversas frutas, verduras y hortalizas, asegurando un correcto control de la calidad de las mismas. Resultado de estas inspecciones, se han detectado irregularidades en la trazabilidad de varios productos, de los que no se podía certificar su origen y tránsito hasta ser comercializados. También se observó la ausencia de etiquetado, motivando la adopción de medidas cautelares por la presunta comisión de más de una docena de infracciones administrativas.

Las citadas medidas han consistido en la inmovilización de más de tres toneladas de productos hortofrutícolas, de los que gran parte fueron destruidos a petición de los operadores, al no poder regularizar las deficiencias detectadas. Dichas mediadas fueron adoptadas al no garantizarse que los productos fueran aptos para su introducción en la cadena alimentaria.

También se tomaron muestras oficiales para el análisis de residuos de plaguicidas (previsto en el programa de actuación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria) e igualmente se hizo un trabajo de información y advertencia a otros operadores por irregularidades leves.