La Justicia marroquí reconoce irregularidades en la matanza masiva de perros callejeros, atribuida al Ministerio del Interior, pero precisa que carece de competencias para frenarla. La existencia de los canes sin control, algunos de los cuales son portadores de rabia, ha causado una gran polémica en el país vecino, por la mala imagen que causa y, del otro lado, entre los defensores de los derechos de los animales.

El Tribunal Administrativo de Rabat admitió la existencia de un "exterminio brutal", con escenas impactantes de cadáveres de perros muertos, heridos y ensangrentados tendidos en aceras y carreteras. Y que estas prácticas se llevan a cabo sin respetar los protocolos legales acordados entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria y la Autoridad Veterinaria Nacional.

Las asociaciones defensoras de los derechos de los animales explicaron que el acuerdo de 2019 sentó las bases para un nuevo enfoque para abordar el fenómeno de los animales callejeros, basado en la esterilización y la vacunación en lugar del sacrificio indiscriminado; y exigieron la adopción de un enfoque civilizado y humano, acorde con el que se practica en países que respetan los derechos de los animales.

También acusaron al Ministerio del Interior y a las autoridades locales de "negligencia" ya que que los sacrificios incluso afectan a animales vacunados.

El Ministerio de Salud solicitó el sobreseimiento del caso por falta de jurisdicción, argumentando que la disputa solo afecta al Ministerio del Interior, al ser este el organismo responsable de las autoridades locales. El representante judicial del Reino,explicó que la lucha contra los perros callejeros es competencia de las autoridades locales y que no hay pruebas de que el Ministerio del Interior haya emitido órdenes directas para sacrificar a estos animales.

En su fallo, el tribunal consideró que matar mediante disparos o envenenamiento sin justificación científica o veterinaria constituye una violación de los acuerdos y leyes que regulan la protección de los animales; y que la falta de intervención de la administración para detener estas operaciones constituye un agravio que implica una violación de la legalidad.

Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud urgente para detener las matanzas caarecer de competencias para ello. Ordenó al Estado, representado por el Ministerio del Interior, pagar una compensación simbólica de un dírham a las asociaciones demandantes, asumir los gastos del proceso.