La Fiscalía admite que, 11 años después, no se puede hablar de «hacer justicia»

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Alvaro García Ortiz, ha reconocido que un juicio que dura 11 años, como el del Prestige, no permite "decir que se esté haciendo Justicia, porque es un tiempo excesivamente dilatado para dar respuesta a ningún acontecimiento de naturaleza penal". No obstante, ha justificado la demora por las dificultades del proceso.

En declaraciones a RNE, García Ortiz ha recalcado que el proceso ha tenido "dificultades inmensas"y que "desborda las dificultades"de un juzgado pequeño, como es el de Corcubión (La Coruña).

También ha aludido a las "implicaciones internacionales"del caso, con comisiones rogatorias y acciones en 12 o 13 países, entre ellos Filipinas, Rusia o China, y "cantidad de intereses en juego", más bien "opacos"y que no querían que progresase el caso.

Además, ha defendido que el capitán Prestige, Apostolos Mangouras, no debe entrar en prisión. García Ortiz ha explicado que, si bien el Código Penal prevé penas "muy elevadas"para un delito medioambiental agravado por desobediencia, la Fiscalía estima que el capitán "no debe pasar un día más privado de libertad", por su edad y habiendo transcurrido 11 años de los hechos

Por otro lado, ha apuntado que es la aseguradora de la compañía armadora del petrolero quien debería hacerse cargo de los daños, cifrados en más de 4.300 millones de euros. No obstante, ha añadido que está en manos del tribunal decidir a quién corresponde, "si es que alguien las va a pagar".

Mangouras, de 78 años, estuvo durante tres meses de manera preventiva. También pasó en Barcelona otros 21 meses en libertad vigilada.

El fiscal ha dejado claro que la Fiscalía no ha echado en falta que alguien más se hubiese sido juzgado: "Si la Fiscalía hubiera querido a alguien más en el banquillo lo hubiera propuesto y no ha sido así". La sentencia, que se conocerá este miércoles, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.