Más de 600.000 profesores tendrán que demostrar que no son pedófilos

Todos aquellos profesionales que trabajen con niños deberán acreditar en sus centros que sus nombres no figuran en un listado de condenados por delitos sexuales, que incluye a más de 43.000 delincuentes.

Cualquier profesional que tenga un «contacto habitual» con menores derivado de su trabajo tendrá que demostrar que no es un delincuente sexual para poder desarrollar su labor. Así, los 43.745 condenados por esta causa en nuestro país tendrán totalmente restringido su contacto con niños. Mientras, cientos de miles de profesionales deberán acreditar que están libres de antecedentes. De todos los colectivos afectados, el más numeroso es el docente: 670.398 profesores pertenecientes a centros públicos y privados. Sin embargo, y para hacerse una idea de la amplitud de la norma, sólo en lo que a colegios se refiere, el personal de transporte, comedor y el que está a cargo de las actividades extraescolares también estarán sujetos a la norma. Los profesionales sanitarios –alrededor de 9.000 pediatras–, los voluntarios de ONG o los monitores de campamentos serían sólo algunas de las profesiones y áreas obligadas a cumplir la nueva norma.

Así consta en el Registro de Delincuentes Sexuales, presentado ayer en Consejo de Ministros por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que entrará en vigor a partir de su inminente publicación en el BOE. La creación de este registro estaba prevista en la Ley 26/2015 del pasado 28 de julio, que modificaba la ley de protección a la infancia, y que suponía la aplicación del Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa. Este archivo deberá incluir los datos de todos aquellos condenados tanto en España como en otros países por sentencias firmes por cualquier delito contra la libertad sexual: violación, abusos y explotación sexual, pornografía, acoso, trata de seres humanos y exhibicionismo. Además, se irá ampliando con la información perteneciente al Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores. Asimismo, el Registro incorporará un perfil genético del condenado, siempre que lo haya establecido la resolución judicial. Los datos serán gestionados por la Secretaría General de la Administración de Justicia y no serán públicos; sólo tendrán acceso a los mismos los jueces y tribunales, así como el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial. Dicha información dejará de figurar cuando expiren los antecedentes judiciales.

Sin fecha tope

¿Qué deberán hacer los docentes entonces? Según explicaron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales, la norma no discrimina entre aquellos profesionales con años de experiencia y los recién contratados. Todos ellos deberán presentar en su centro de trabajo una «certificación negativa», expedida por el Ministerio de Justicia, que acredite que no están incluidos en el Registro. Las misma fuentes aclaran que el Registro se está ultimando y que «no hay una fecha tope» para que los centros faciliten esta información. Pero a día de hoy, ya «se ha dado un aviso» a los colegios. De hecho, hay centros que ya empezaron a tramitar estos certificados sirviéndose de la información del Registro Central de Penados.

Catalá explicó que este listado constituye un «sistema eficaz» al contar con «información singularizada e identificada» que posibilita la «prevención de la delincuencia sexual y la protección de los menores». Del mismo modo, el ministro subrayó que, al contar con una base unificada, podrá evitarse «algún caso de deescordinación y de falta de información» como ha ocurrido en el pasado, pues mejorará la cooperación en el ámbito jurisdiccional.

Organizaciones como Unicef y Save The Children han aplaudido una medida «acertada y necesaria». No en vano, las ONG son conscientes de que los pedófilos y los pederastas suelen buscar trabajos en los que puedan estar en contacto con niños. Mientras, asociaciones de padres como Ceapa y Concapa también calificaron de «positivo» el anuncio del ministro. Con todo, Jesús Salido, presidente de Ceapa, añadió que depende de cómo se enfoque su desarrollo, pues se corre el riesgo de que a los profesionales del sector educativo se les mire con «recelo».

«Nuestro deseo es que no quede ninguna sombra de duda en lo que respecta a la protección de la infancia», afirma a este diario Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). Con todo, los colegios esperan que en los próximos días se concrete la información que deben facilitar, pues, hasta ahora, ha reinado cierta confusión. Por ejemplo, algunos centros sólo habían remitido los certificados de los profesores recién contratados. De ahí que el secretario General de Escuelas Católicas, José María Alvira, recomiende «calma y orden» a los colegios a la hora de actualizar la información. Y es que es previsible que, en los próximos días, se produzca una auténtica avalancha de peticiones de certificados en las administraciones que pueden provocar un auténtico «colapso», informa Ep.

Sobre este punto, Francisco García, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, cree que sería deseable la implantación de mecanismos automatizados para que sea la propia Administración la que informe sobre la existencia de antecedentes en cada alta que se produzca en la Seguridad Social. En todo caso, podrían producirse mejoras en las tramitaciones. Según fuentes gubernamentales, actualmente está abierto un plazo de sugerencias por parte de las comunidades autónomas con el objetivo de agilizar los trámites en este proceso de verificación de antecedentes.