Los jueces de violencia de género investigarán el quebrantamiento de medidas como el alejamiento

El Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, amplía las competencias de los Jueces de Violencia sobre la Mujer que podrán exigir responsabilidad penal por delitos contra la intimidad o el honor de la mujer e investigarán el quebrantamiento de medidas como el alejamiento, con lo que el Gobierno busca una protección de la víctima más eficaz.

Concretamente, se amplían las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer, lo que significa que estos magistrados podrán exigir responsabilidad penal por delitos que hasta ahora estaban fuera de su alcance como la revelación de secretos e injurias. Además, obtendrán "mayor eficacia"a la hora de proteger a las víctimas porque investigarán los quebrantamientos de medidas impuestas, como por ejemplo, el alejamiento.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que han adoptado estas nuevas medidas para cumplir con su compromiso de "mejora permanente"en la lucha contra la violencia de género y, en este sentido, ha asegurado que seguirán creando nuevos juzgados. "Se amplían competencias del juez de violencia contra la mujer, en materia social y civil para tener una visión integral de las cuestiones que afectan a la violencia de género", ha indicado Catalá para añadir que también "se refuerzan las unidades de valoración forense y los equipos sociosanitarios que tienen que estar apoyando a los jueces en materia de derecho de familia, menores o violencia".

Además, el proyecto de ley establece que todos los operadores jurídicos deberán recibir una formación especializada y, por ello, se someterán a pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la Carrera Judicial que contemplarán el estudio del principio de igualdad entre hombres y mujeres, las medidas contra la violencia de género y su aplicación con carácter transversal. La norma también dicta la obligación de la Comisión Nacional de Estadística Judicial de tener en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo a la hora de elaborar los criterios de estadística.

Por otro lado, Catalá ha anunciado que se transferirán casos de violencia de género de los juzgados más saturados a aquellos con menos carga de casos, siempre que no exista una gran distancia. Así, ha puesto el caso de Madrid donde algunos juzgados tienen una carga que apenas llega al 66% del módulo aprobado por el CGPJ frente a otros de las periferias donde la carga es de entre 140 y 160%. En este caso, según ha precisado, las redes de transporte "permiten perfectamente que alguno de estos juzgados periféricos pueda transferir asuntos a los de Madrid". De esta forma, se "reequilibran"las cargas de trabajo y también es "una manera de crear nuevas plazas y nuevos juzgados", algo que ha prometido seguir haciendo en el futuro.

Se trata de buscar un "equilibrio"entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos.

La posibilidad de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales ya está prevista en la ley vigente pero exige una reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, lo que dificulta su desarrollo. Con la reforma, la extensión de la jurisdicción podrá acordarse por el Gobierno mediante real decreto, previa propuesta del CGPJ y con informe de las administraciones afectadas.