Madrid exige a Mónica García que rectifique en la elección "arbitraria" de los centros de atención oncológica integral

Sigue habiendo bastantes incógnitas que despejar sobre el proceso de selección llevado a cabo por Sanidad y el Instituto Catalán de Oncología (ICO) para elegir a los futuros centros de atención oncológica integral. 

La semana pasada, el departamento que dirige Mónica García contestaba a las preguntas de este periódico con el argumento de que los 10 hospitales públicos españoles elegidos el pasado 29 de noviembre «solo eran los primeros, pero no los únicos» que formarían parte de un proyecto europeo que servirá para pilotar un modelo de certificación para los futuros Comprehensive Cancer Center (CCC), dentro del Programa Crane2 del Plan Europeo contra el Cáncer.

En declaraciones a EFE, Sanidad explicó el pasado viernes «que se podrán ir añadiendo otros, hasta rondar la treintena en 2028» De este modo respondía ante el anuncio, por parte de la Comunidad de Madrid, de que trasladaría a la Comisión Europea su queja por un proceso de selección que consideran «opaco, arbitrario y poco transparente». Queja que se sumaba a la denuncia de 30 jefes de servicio de Oncología de distintos hospitales públicos españoles por la «falta de rigor» y «ausencia de criterios científicos» en la toma de la decisión. Recordemos que Madrid presentó 8 hospitales referentes en Oncología a la convocatoria (La Paz, el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, La Princesa, el Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz y el Puerta de Hierro) y solo se seleccionó a uno, La Paz.

Explicaciones contradictorias

En esta línea, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, envió ayer una carta a la ministra en la que, entre otros aspectos, rectifica la información hecha pública por Sanidad la semana pasada ante las críticas sobre el proceso. «Nos parece preocupante que el propio Ministerio contradiga lo manifestado expresamente en el transcurso de la reunión del 14 de noviembre, tal y como se recoge en la propia acta. En esta reunión, se insistió en que, antes del 27 de noviembre, las Comunidades Autónomas debían trasladar al Ministerio el listado centros que podrían solicitar su inclusión en el registro de posibles CCC, aunque la certificación y acreditación se harían después. Por tanto, no se trataba únicamente de un proyecto piloto para acreditar centros, sino de un procedimiento del Ministerio de Sanidad para seleccionar los futuros centros integrales de atención. No tendría ningún sentido acreditar centros que no vayan a ser CCC en un futuro», detalla la misiva, a la que ha tenido acceso en exclusiva este periódico.

Además, Matute advierte de los principales perjudicados por haber excluido de la selección a 7 hospitales públicos madrileños que son referencia en España y Europa, son los pacientes. «La consecuencia de todo ello no es otra que la arbitrariedad, que es lo que ocurre cuando hay precipitación y no hay transparencia ni criterio en la toma de decisiones. Arbitrariedad que da lugar a agravios comparativos entre profesionales y hospitales, y que, en el largo plazo, va a ocasionar perjuicios tanto a los profesionales como a los pacientes de toda España».

Cuello de botella

«Como sabe –prosigue la carta– en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud contamos con 11 CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) que hacen posible la atención del 40% de los pacientes de cáncer de toda España. Acreditar únicamente el Hospital Universitario La Paz supondría convertirlo en una especie de cuello de botella de la atención oncológica, incluso para la población de la Comunidad de Madrid. No hay que olvidar que, según dispone la UE, el propósito de estos centros integrales de atención al cáncer es que puedan dar cobertura al 90% de los ciudadanos de toda España que requieran atención oncológica, y difícilmente se va a poder alcanzar ese objetivo si se deja al margen a los 7 hospitales madrileños que han sido excluidos».

La consejera concluye la carta pidiéndole a García que «reconsidere la situación» y reclamando, nuevamente, que «se hagan públicos los criterios de selección de los centros». Además, le insta a que trabaje de la mano de todas las Comunidades Autónomas dentro del Plan Europeo de Lucha Contra el Cáncer para garantizar el acceso al mejor diagnóstico y tratamiento oncológico a todos los españoles, con independencia de su domicilio, y sin confundir equidad con cercanía».

Con esto último hace referencia a que el Ministerio y el ICO, responsables de la selección de centros, incluyeron un criterio sin informar ni a las CC AA ni a los participantes en el proceso: el de la distribución territorial. De ese modo, se privilegió a los centros de fuera de la CAM sobre los de dentro.