La Ley de Costas del PP pasa su primer examen

La reforma de la Ley de Costas, que salvará de la piqueta a miles de chiringuitos y casas de la playa, ha pasado hoy su primer examen en el Congreso por el voto mayoritario del PP, a pesar de que la oposición, con cinco enmiendas a la totalidad, ha pedido su devolución porque sólo "favorece la especulación".

En su defensa, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado la necesidad de cambiar una ley, ya vieja (25 años), de "muy difícil aplicación", que ha creado muchos problemas y no ha sido eficaz en su principal objetivo: la protección de un litoral que en estos años ha sufrido su mayor degradación, con la "masificación urbanística".

El ministro ha recordado que hay más de 10.000 ocupaciones residenciales en dominio público y solo unas 1.500 están regularizadas con concesiones; también ha señalado que de las 23.000 ocupaciones no residenciales, más de 1.700 son industriales, y que los 3.000 chiringuitos proporcionan más de 100.000 empleos.

Arias Cañete ha defendido esta modificación por la necesidad de contar con una herramienta eficaz para compatibilizar la protección con las actividades humanas económicas que generan empleo y riqueza.

Las cinco enmiendas a la totalidad, del grupo socialista, Izquierda Plural, UPyD, Compromís y ERC, han sido tumbadas por los votos del mayoritario grupo Popular, en un refrendo en el que PNV y CiU se han abstenido.

El resto de la oposición ha coincidido en criticar la omisión del cambio climático y de la subida del nivel del mar en esta reforma y el favorecimiento de los intereses privados en detrimento de los públicos.

Así el diputado socialista valenciano Jose Luis Ábalos ha considerado que es una reforma hecha a la carta para favorecer los intereses patrimoniales de determinada clientela y quiere acabar con una ley, la del 88, que cuestionó el "derecho sacrosanto"de propiedades privadas que no tocaban porque eran patrimonio de todos.

Para el también valenciano Toni Cantó, de UPyD, la reforma no protege la integridad del dominio ni preservar su uso común y ha augurado que el resultado de su aplicación será el de una edificación masiva.

Argumentos similares ha esgrimido Laia Ortiz, de Izquierda Plural, quien ha acusado al ministro de "desfachatez", por afirmar que la actual ley no es útil.

El hecho de que la reforma no tenga en cuenta la "obvia"subida del nivel del mar y el importante perjuicio económico que puede causar, ha sido destacado por el valenciano Joan Baldoví, de Compromís, y Teresa Tarda, de ERC.

El proyecto de ley de modificación de la Ley de Costas de 1988, prevé, entre otras cuestiones, ampliar a 75 años más las concesiones de los 3.000 chiringuitos y las cerca de 10.000 viviendas construidas en el dominio público marítimo terrestre.

Entre las novedades de la futura norma destaca la llamada "cláusula antialgarrobicos", que supondrá tolerancia cero frente a las agresiones en la costa y permitirá actuar al Gobierno frente a los acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.

La reforma contempla además la amnistía para barriadas históricas situadas en Girona (Empuriabrava y Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel y Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva) y Málaga (El Palo y Pedregalejo).