Con motivo de la celebración este martes del Día Internacional de las Lenguas de Signos, que este año se celebra con el lema "No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos", la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) ha reivindicado el derecho de este colectivo a acceder a la información y a los servicios en su lengua propia.

La entidad ha aludido al documento de posicionamiento de la WFD (World Federation of the Deaf) , Position Paper on the Right to Choose Sign Language Interpretation, donde se expone el derecho de las personas sordas a elegir cómo comunicarse de acuerdo con sus preferencias lingüísticas y necesidades personales, a fin de recordar a las Administraciones su obligación de garantizar el uso y disfrute de la lengua de signos mediante políticas públicas, recursos adecuados y la participación activa de la comunidad sorda.

Una demanda que, si bien viene respaldada por un amplio repertorio de normas como la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas, la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, o la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras, no se refleja de forma suficiente en la práctica. “La experiencia de miles de personas sordas demuestra que seguimos atrapadas en una brecha dolorosa entre el reconocimiento formal y la igualdad real”, ha señalado el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.

Discriminación

Y es que aunque en España se han conquistado avances innegables, según ha apuntado, persisten problemas como la escasez de intérpretes acreditados, la falta de regulación profesional de la figura del especialista en lengua de signos y la insuficiencia de recursos destinados a garantizar la accesibilidad, que limitan el ejercicio de derechos y generan desigualdad: “No puede ser que una persona sorda llegue a un hospital y no pueda comunicarse porque no hay intérprete, o que un niño sordo se pase años de su infancia sin acceder a la lengua de signos en la escuela. Eso no es inclusión, es discriminación”.

Para Suárez, la clave está en dejar atrás los discursos y pasar a la acción: “Las instituciones públicas, educativas y culturales deben consultar a las entidades de personas sordas y planificar desde el inicio presupuestos específicos para cubrir los costes de interpretación, videointerpretación, mediación, entre otros servicios”, ha aseverado. “Solo así se garantiza una accesibilidad real que no dependa de soluciones improvisadas ni de la buena voluntad, sino de un compromiso estructural y permanente con la igualdad de oportunidades”.

Más de 300 lenguas de signos

Según datos de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD, por sus siglas en inglés), existen más de 300 lenguas de signos en el mundo, tantas como lenguas orales. Sin embargo, solo en 80 países estas lenguas cuentan con reconocimiento legal y, en muchos casos, con un grado de protección insuficiente.

Esta falta de reconocimiento no solo vulnera la diversidad lingüística por la que apuesta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), sino que además “limita el ejercicio pleno de los derechos de las personas sordas", advierten.

La reivindicación es clara: avanzar hacia un futuro en el que, sin importar el lugar de nacimiento, cualquier persona sorda pueda estudiar, trabajar y vivir en igualdad de condiciones: “No podemos hablar de derechos humanos si se nos niega el derecho a comunicarnos en nuestra propia lengua”, han manifestado.