Un salvavidas para los afectados por los préstamos universitarios

El paquete de medidas aprobado agilizará la gestión del reclutamiento de investigadores de carácter laboral

El Gobierno ha aprobado hoy una batería de medidas para reducir los trámites administrativos y agilizar la contratación de personal en los centros de investigación y las universidades españolas, evitar los retrasos en las convocatorias y mejorar la igualdad.

La aprobación de estas medidas, “muy esperadas” por los científicos desde hace años, “darán impulso” al sistema de I+D+i y a las universidades, que llevan años soportando una “paupérrima situación”, ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, recogida por Efe.

Estas medidas, que son “pocas, pero muy importantes”, están agrupadas en un Real Decreto-Ley que conllevarán una decena de cambios legislativos en varias normativas y leyes y que permitirán a los investigadores centrarse en su trabajo, competir mejor a nivel internacional y captar talento investigador, ha apuntado el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Para Duque, estas medidas “de calado” son un “hito comparable a las leyes de ciencia de 1986 y 2011” y, como ministro, “una satisfacción que compensa los sacrificios y que es un acicate para conseguir cosas nuevas”.

Para reducir la elevada carga burocrática, el Real Decreto elimina la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), una norma impuesta en 2014 que lastraba el funcionamiento de estos organismos y que incluso hacía que estos organismos perdieran convocatorias a proyectos europeos, ha puntualizado Duque.

En cuanto al empleo, la norma modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica, una medida que hasta ahora no era posible y que a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial entre los jóvenes.

Asimismo, se permitirá a los OPI elaborar informes tipo anuales (en vez de informes individualizados como hasta ahora) para todas las contrataciones previstas, lo que agilizará la gestión del reclutamiento de investigadores de carácter laboral.

El Real Decreto-Ley, que incluye medidas para la compra de material e instrumentos para la investigación, determina que los centros de investigación podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros con el mismo proveedor para distintas unidades. En la práctica, esta medida permitirá comprar material de laboratorio para dos proyectos de la misma universidad, algo que hasta ahora era imposible.

Además, la nueva regulación permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación, una medida que intenta liberar recursos para dedicarlos a la gestión de las convocatorias.

En igualdad, la norma modifica la Ley de Ciencia para que las bajas de maternidad, paternidad o incapacidad temporal no afecten en la selección y evaluación de la actividad científica de los investigadores, una “desventaja” que era “urgente” y “justo” solucionar, según Duque. Esta medida mejorará la igualdad de oportunidades -en especial para las madres- y se aplicará en todas las convocatorias del Ministerio.

El Real Decreto-Ley también incluye “mejoras más ventajosas” para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo. La medida podrá beneficiar a hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la devolución de los préstamos, algunos de los cuales han afrontado ya situaciones de impago.

La norma también modifica la Ley de la Ciencia para ampliar la duración de los convenios de investigación. Así, en el caso de convenios para centros, institutos, consorcios españoles o europeos el periodo de vigencia se amplía hasta los 17 años “para poder amortizar la inversión”, si bien, los convenios para consorcios podrán tener vigencias más largas si así lo exige el proyecto científico o la naturaleza de las inversiones.

Los centros de investigación, consorcios y fundaciones podrán solicitar créditos directamente, siempre que se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo. Esto ayudará a evitar retrasos en la adquisición de aparatos y en la realización de obras e infraestructuras en los centros de investigación (como la reparación y renovación de buques o la compra de equipación para grandes instalaciones científicas).

La última de las diez medidas establece que los Parques Científicos y Tecnológicos que acrediten una situación financiera que les impida cumplir con sus obligaciones de pago de préstamos o anticipos, podrán aplazar sus cuotas de amortización siempre que presenten un plan de viabilidad.