Víctimas del experimento de Educación para a Ciudadanía

La Razón
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La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que aprobó el viernes el Consejo de Ministros fulmina la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía que ha generado 55.000 objeciones de conciencia de alumnos, casi 3.000 procedimientos judiciales reclamando el derecho a objetar y 400 demandas ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra el Estado español por vulnerar derechos fundamentales. Pero la norma no entrará en vigor antes del curso académico 2014-2015, ¿qué pasa hasta entonces con los objetores, con los que se quedan en el pasillo, en el patio o en la biblioteca mientras se imparte una asignatura que las familias consideran adoctrinadora? ¿se seguirá suspendiendo a los objetores? ¿se les impedirá conseguir el título de la ESO por no presentarse a los exámenes de Ciudadanía? Porque los alumnos tendrán que «sufrir» esta asignatura hasta septiembre de 2014 en el mejor de los escenarios.

Profesionales por la Ética, una de las plataformas más beligerantes contra la polémica asignatura considera razonable que, hasta que la ley entre en vigor, se resuelva la situación académica complicada en que ha puesto a estos alumnos el «dañino experimento ideológico» del PSOE en las aulas. Por eso piden que, durante la tramitación parlamentaria en el Congreso, se incorpore una disposición transitoria en la Lomce en la se anulen todos los efectos académicos indeseables que ha generado la objeción a esta asignatura a cientos de alumnos.

Así, proponen que la ley incluya tanto para los alumnos de Primaria como de Secundaria que «cuando el alumno haya alcanzado todas las competencias que la ley establece para la etapa, aun cuando por razones de conciencia no hayan cursado las asignaturas de Educación para la Ciudadanía en su expediente se señalará que el alumno ha alcanzado todos los objetivos de esa etapa educativa». También proponen que cuando el estudiante tenga una evaluación negativa a causa de su negativa a cursar dicha materia «promocionará al curso siguiente aun cuando tenga evaluación negativa en tres materias por considerar que el suspenso de Ciudadanía no le impide seguir con éxito el curso siguiente».

Profesionales por la Ética pretende que estas medidas tengan efecto retroactivo para todos los alumnos que hayan terminado esta etapa educativa con posterioridad a 2006.

Mientras, son muchas las familias y los alumnos que han sufrido y siguen padeciendo las consecuencias de una asignatura que el mismo Consejo de Estado admite que ha generado un enorme «conflicto social». «Mi hija, que es muy buena estudiante, y que ahora se encuentra estudiando el Bachillerato de excelencia, pasó un verdadero calvario con la asignatura cuando se encontraba estudiando 2º de la ESO. Decidió objetar a Ciudadanía, y no fue a ninguna clase, pero para que el centro no viera ningún tipo de mala voluntad decidimos que la niña se presentara al examen. Sacó un 6,8, pero finalmente la suspendieron con un 4 con la excusa de que no había ido a clase en todo el curso», explica Alicia Rubio, una madre objetora, además de profesora en un instituto madrileño. Su pelea no terminó aquí, «decidimos acudir a la inspección y el día 1 de septiembre me comunicaron que mi hija seguía suspensa y que al día siguiente tenía el examen de recuperación. Mi hija se puso muy nerviosa y, al final, acordamos que no se presentara». Alicia decidió entonces recurrir a la vía contenciosa y, después de dos años, un juez acabó dándole la razón y reconociendo su aprobado. «El instituto nos pidió disculpas pero mi hija lo pasó fatal durante este tiempo. Pudimos comprobar que muchos profesores habían hecho de comisarios políticos por pura ideología».

Otro hijo de Alicia también se vio perjudicado por objetar. «Tenía todo el curso aprobado excepto Ciudadanía por objetar. No pudo matricularse en junio de las optativas que quería porque, al tener una suspensa, tenía que esperar a septiembre. Para entonces esas optativas, que eran las que más exito tenían, ya estaban cubiertas por los alumnos que aprobaron en junio». Alarmante es el caso de dos alumnas del instituto público de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) se quedaron en 2011 sin el título de la ESO por la objeción de sus padres a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (3ºESO) y Educación Ético-Cívica (4ºESO). Los progenitores decidieron que sus hijas no cursaran ambas materias porque les adoctrinaban sobre cuestiones morales contrarias a las suyas. Las alumnas, que empezaron 1º de Bachillerato con una «matrícula condicionada», tuvieron que inscribirse de nuevo en 4º de Secundaria para adquirir todos los conocimientos necesarios para superar la etapa.

Al tener pendientes las dos asignaturas, la obtención del título de ESO dependía del criterio docente. Entonces los profesores argumentaron que las alumnas carecían de las competencias básicas y los objetivos generales que les harían merecedoras del título. Los conocimientos que argumentaron que les faltaban eran los relativos a la Constitución o el sistema de partidos políticos. María Menéndez, otra madre de familia, tuvo que cambiar a sus hijos del centro en el que estudiaban en Madrid después de que el director la amenazase con que si sus hijos objetaban a la asignatura se les iba a dar por suspensos y no iban a conseguir la titulación. «Hasta los propios compañeros decían a mis hijos: ¿qué le has hecho a esa profesora para que te mire siempre con cara de perro?», dice María. «Aahí quedan los suspensos, los días en los que nuestros hijos se quedaron en los pasillos mientras se daba Ciudadanía, o en el patio pasando frío...Ahí queda todo lo que hemos luchado en los tribunales porque no adoctrinen a nuestros hijos. Hasta que no se deje de impartir Ciudadanía, los objetores seguiremos existiendo».

Un decreto para descafeinarla

Ya dijo la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, que la asignatura de Educación para la Ciudadanía ha sido un «quebradero de cabeza nacional» y hasta que no entre en vigor la Lomce, en 2014, no terminará la polémica. El Ministerio de Educación se vio obligado a aprobar un decreto hace meses con el que «descafeinaba» o liberaba de parte de la carga ideológica a la asignatura. Los editores de libros de texto tuvieron que introducir separatas en los manuales en las que se orientaba a los profesores sobre las partes que debían de ser eliminadas según la disposición ministerial. El nuevo rediseño de la materia no fue del gusto de los objetores, que consideraron que los cambios introducidos por el ministro Wert no respondían a sus expectativas. En su opinión, la propuesta del Ministerio de Educación solamente maquillaba la versión socialista. «Proponer un mero cambio de contenidos no es de recibo: lo inaceptable es la existencia de una materia con pretensiones moralizantes».