La economía sumergida crece y oculta 240.000 millones

Hace 469 años se publicó en tres ciudades diferentes de forma simultánea, Burgos, Alcalá de Henares y Amberes, «La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades». Una obra, de autor anónimo, que alcanzó mucho éxito en España y que se convertiría en uno de los grandes clásicos de la literatura nacional. Nacía así un nuevo género literario, la novela picaresca, que tanto gustó en el Renacimiento y en el Barroco, y que, a modo de crítica social, daba protagonismo a una figura, la del pícaro, un personaje que consigue vivir gracias a su más que sobrado ingenio, aunque los medios utilizados para ello no fueran, precisamente, los más honestos, ya que, a menudo, recurría a engaños y otras argucias. Han pasado casi 500 años desde su publicación, pero «El Lazarillo» ha creado escuela. Y es que en todos los países hay picaresca, eso sí, en unos más que en otros, y España es uno de los que está sobrado de ella. Escatimar facturas, trabajar sin estar dado de alta en la Seguridad Social, no declarar los ingresos reales, pagar a trabajadores «en negro» o recibir las rentas de un alquiler sin que medie contrato son algunas de las prácticas habituales de la economía sumergida, una actividad paralela a la oficial que escapa al control de las distintas administraciones y que cada año hace un verdadero «roto» a las arcas de los estados.

La Comisión Europea se refiere a la economía sumergida como aquella actividad remunerada que, siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas. Para la OCDE, comprende aquellas actividades que son productivas en sentido económico y relativamente legales (dependiendo de los estándares y regulaciones), pero son ocultadas deliberadamente a las autoridades públicas.

Aunque el nivel de economía sumergida es difícil de cuantificar, precisamente, porque aquellos que la practican la quieren mantener oculta, varias instituciones han realizado un cálculo sobre el peso que estas actividades en la sombra tienen sobre la economía formal. Una de ellas es el Departamento de Políticas Económicas, Científicas y de Calidad de Vida (IPOL, por sus siglas en inglés), que depende de la Secretaría General del Parlamento Europeo, y que, a finales del pasado año, publicó el informe «Fiscalidad de la Economía Informal en la UE» («Taxation of the Informal Economy in the EU»), y que tiene por autores a Friedrich Schneider, uno de los economistas de referencia cuando se habla de economía «B», y Alban Asllani. Un estudio que presenta interesantes datos sobre la economía sumergida en el entorno comunitario. El primero de ellos es que, al contrario de lo que se podría pensar inicialmente, que se había producido una reducción de la misma debido a la expansión de medios de pago digitales y las regulaciones de ciertas situaciones informales como consecuencia de la COVID (el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacó pecho el pasado mes de enero de haber hecho aflorar de la economía sumergida 285.000 empleos), lo cierto es que los datos evidencian todo lo contrario, es decir, una tendencia al alza que afecta a todos los países y, especialmente, a España.

Y como muestra, un botón. El nivel de economía en la sombra se situaba en 2021 en España en el 16,9%, según el informe de la institución europea. Esta proporción colocaba a España por debajo de la media de «los 27», que alcanzaba el 17,4%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el bloque de los países de Este, los últimos que se han sumado a la UE, introducen una distorsión en este cálculo, ya que se trata de estados más pequeños, con un menor nivel de renta y con índices de economía sumergida más altos que del resto de naciones (en Bulgaria, por ejemplo, supera el 32% del PIB), lo que incrementa sensiblemente la media de la actividad informal en el conjunto comunitario.

Media ponderada

IPOL, tal y como advierte en su informe, ha realizado una media aritmética, la cual no ofrece una radiografía del todo exacta de los niveles de economía sumergida. Por ello, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha realizado un análisis más preciso. Así, tomando como referencia estos datos comunitarios, ha calculado la media ponderada, es decir, teniendo en cuenta el peso de cada economía sobre la totalidad del PIB de la UE, y el resultado, tras realizar este ejercicio, es que la economía sumergida en el conjunto del PIB comunitario se reduciría hasta el 14%.

Partiendo de esta cifra, el nivel de economía sumergida en España no solo dejaría de estar por debajo de la media, sino que rebasaría en casi tres puntos el promedio europeo.

Y es que, al final, la pandemia causó una recesión severa que, en España, se saldó con un incremento de su economía sumergida superior a la de los países de su entorno. En este sentido, si se comparan los niveles de actividad «B» en 2021 con aquellos inmediatamente anteriores a la pandemia (2019), se puede apreciar que la misma ha aumentado en España por encima de los países del bloque del Sur con los que se suele comparar: Italia, Portugal y Grecia y que, aparte del conjunto del Este, son los estados que presentan mayores niveles de actividades no declaradas. Así este tipo de economía que escapa al control oficial creció en España en 2021 un 9,74% en relación a 2019, frente al 8% de Italia; el 7,1%, de Portugal, o el 5,73% que avanzó en Grecia. No obstante, hay que decir que en este periodo la economía sumergida se disparó en Alemania y en Austria un 17,65% y un 13,11%, respectivamente, pero también es cierto que sus niveles en 2021 en términos de PIB era sensiblemente más bajos que en España (10% y el 6,9%, respectivamente).

Si se comparan los datos de 2019 con los del año de la pandemia (2020) el incremento es aún más acentuado, experimentando en España una subida de casi el 13% (frente al 9,09% de Italia; el 10,30%, de Portugal, y el 8,88%, de Grecia).

El informe ofrece, además, una previsión de la economía sumergida para 2022. Aunque en un principio el estudio pronosticaba una caída generalizada de los niveles de economía informal en la mayoría de los países para este ejercicio, en su análisis advierte de que las proyecciones iniciales fueron realizadas en enero del año pasado, cuando aún no se había desencadenado el conflicto en Ucrania. En este sentido, ya alerta de que sus predicciones no se van a cumplir, y que el efecto de la inflación y del incremento de los precios energéticos no solo no va impedir que el nivel de economía sumergida se reduzca, sino que asegura, tajante, que se va a incrementar de media en el conjunto de los países que la conforman la UE entre un 5% y un 7%. Si se aplica esta horquilla a los niveles de 2021, el peso de la economía sumergida podría situarse en España entre el 17,74% y el 18,08%, con lo que escalaría a niveles de 2015 y 2016. Si se tiene en cuenta que el PIB español totalizó casi 1,33 billones de euros el año pasado, la cantidad que circularía fuera de los cauces oficiales ascendería a entre 235.000 y 240.000 millones de euros.

«Estos datos revelan que la economía sumergida ha aumentado y, además, lo ha hecho en un contexto en que el uso de efectivo ha caído en favor de la tarjeta de crédito/ débito y otras formas de pago digitales y cuando las actividades más propensas a generar economía sumergida, como la hostelería, ha permanecido cerradas», explica Gregorio Izquierdo, director del IEE.

La presión fiscal se dispara hasta el 47,3%

La economía sumergida impacta directamente en la recaudación y, por ello, distorsiona la presión fiscal e introduce un elemento de competencia desleal, provocando importantes desigualdades entre ciudadanos y empresas, ya que los «cumplidores» se encuentran en inferioridad de condiciones al no participar en el juego económico con las mismas reglas que emplean aquellos que defraudan y ocultan su actividad.

La presión fiscal, entendida como la recaudación tributaria en relación al PIB, se situó en España en 2021 en el 39,3%. Sin embargo, si esta se ajusta a la economía sumergida de dicho año (16,9%), se dispararía notablemente, hasta alcanzar el 47,3%.

Es evidente que, en nuestro país, los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias sufren una gran presión fiscal, precisamente, porque hay una importante capa de la población que paga poco o nada, sobrecargando, de esta manera, a aquellos que están al día con el fisco y realizan actividades de forma transparente.

«Por el hecho de que hay contribuyentes que escapan al control tributario, el IEE defiende que la recaudación debe venir por el aumento de las bases imponibles (ensanchando el número de contribuyentes que pagan impuestos) y no elevando el pago de tributos a los que ya cumplen religiosamente con sus compromisos con Hacienda. Este es un claro ejemplo de cómo la economía sumergida distorsiona las mediciones de presión fiscal, porque infrarrepresenta el cargo de los impuestos presentes y toma parte de la ratio del PIB aunque no participe en la recaudación», precisa Izquierdo.

Fraude fiscal

El informe también indica cuáles son los factores que más han impactado en cada país a la hora de la existencia de esta economía informal y que, en el caso de España, son el alto nivel de desempleo, un bajo nivel de libertad empresarial y un reducido tamaño empresarial y bajo crecimiento.

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, asegura que las administraciones, especialmente la estatal, no está siendo eficaces a la hora de detectar las bolsas de fraude. Aunque el índice de desempeño de la Agencia Tributaria alcanzó una cifra récord de 17.274 millones de euros en 2020, cantidad que disminuyó a 16.896 millones en 2021, según los datos recogidos en la Memoria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Mollinedo considera que el 77% de la evasión no se descubre. En este sentido, resalta que aún no se ha aplicado la disposición adicional 4 de la Ley 11/21 de 9 de julio, que recoge el compromiso del Ministerio de Hacienda de contratar expertos independientes para la elaboración de un informe oficial sobre economía sumergida por territorios y sectores. Asimismo, atribuye esta falta de control al hecho de que la inspección está focalizada en determinados colectivos, como el de los autónomos, olvidando el fraude complejo y de aquellos ciudadanos que se encuentran fuera de los cauces oficiales. «Actualmente, la AEAT está centrada en la comprobación, siendo el control de la discrepancia, especialmente con autónomos y pequeños contribuyentes, donde concentran sus esfuerzos, olvidándose de poner el foco en el verdadero fraude», afirma. Mollinedo atribuye esta circunstancia a la ajustada plantilla con la que cuenta la AEAT para perseguir la economía sumergida y el fraude fiscal que, principalmente, se concentra en grandes compañías y grandes patrimonios, y a la visión cortoplacista que tienen los responsables de la misma, ya que tienen que presentar unos objetivos anuales. «La AEAT cuenta con un 50,3% menos de plantilla que, por ejemplo, la administración tributaria francesa. En España, hay un empleado público en las áreas funcionales contra el fraude por cada 2.280 habitantes (1.098 personas de la población activa), frente al 1.516 y 676, respectivamente, de los franceses. Las consecuencias de este menor número de efectivos se evidencias en hechos como que las denuncias por delito contra la Hacienda Pública han caído un 82,35% en el periodo comprendido entre 2005 y 2021», expone Mollinedo.

Santiago Lago, investigador de Funcas, incide en la necesidad de dedicar más recursos humanos y materiales para controlar e inspeccionar, pero también hace hincapié en que es necesario lograr una percepción social mucho más negativa de la economía sumergida y el fraude. En este sentido, Lago recoge en su informe «Economía sumergida y fraude fiscal en España: ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer?» algunas de las causas que explican por qué en un país los ciudadanos optan por ocultar su actividad, entre los que destaca, la mala relación entre impuestos pagados y prestaciones recibidas, un elevado flujo migratorio, la excesiva regulación y complejidad de las obligaciones tributarias, administrativas y laborales, exención de los que defraudan, falta de conciencia cívica, y la ineficacia para combatir el fraude. «Las actividades no declaradas provocan una erosión en la capacidad de generar ingresos públicos, perjudicando el objetivo de estabilidad presupuestaria e incrementando los efectos distorsionadores del sistema fiscal sobre la eficiencia y la equidad», precisa Lago.

Por sectores, los que tienen una mayor propensión hacia la economía sumergida son, por regla general, aquellos que mueven una mayor cantidad de dinero en efectivo, como la hostelería, el transporte o el sector agrario.

También, tal y como precisa Lago, hay diferencias notables entre regiones. Según las estimaciones disponibles, Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia serían las comunidades autónomas más propensas a la economía informal. En el otro extremo, Madrid, seguida de Cataluña, Asturias y Cantabria se situarían como los territorios con mejor porcentaje de actividades ocultas.

Así, pues, todo apunta a que las actividades no declaradas y la picaresca continuarán siendo en el futuro uno de los grandes problemas de la economía española.