Reprobar al Rey

Resulta sorprendente que desde algunos sectores se proclame la supuesta ilegitimidad de la Corona por el hecho de que Don Felipe no haya sido elegido para desempeñar la Jefatura del Estado. Expresiones que señalan que al Rey nadie le ha votado, pronunciadas por personalidades de relieve institucional, sin duda merecen una serena reflexión.

El Rey no puede entrar en campaña electoral, ni oponerse a posibles adversarios para ser promovido a su elevado cargo. Es la ventaja de las monarquías, que representan el régimen político de la cuarta parte de los países del mundo: evitar que la magistratura más visible, más internacional y referencial, sea disputada con argumentos de programa, ideológicos o partidistas. El Rey no ha sido elegido por el pueblo entre otros españoles, pero ejerce la Jefatura del Estado por mandato popular, porque es un poder público y como tal emana del pueblo español (artículo 1 CE).

El Rey ha sucedido a su distinguido padre por herencia, pero ha sido así porque los españoles han consagrado la legitimidad histórica de Don Juan Carlos, al aprobar en referéndum la Constitución democrática de 1978. Una Constitución libre, hecha para hombres y mujeres libres, refrendada en un plebiscito impecable y jamás contestado en su transparencia, nunca impugnado por lesionar ningún principio democrático.

Los españoles podían haber optado por el sistema republicano. Pueden hacerlo cuando quieran. Si en determinado momento el Parlamento, por mayoría de dos tercios, entiende que la monarquía debe caer, y sostiene la misma posición tras la primera renovación de las cámaras, confirmada dicha opción en referéndum la Monarquía pasa a la historia. Por tanto, podemos afirmar que Su Majestad ejerce su alto cargo en la medida que los españoles así lo quieren por el tiempo que éstos decidan y mientras no cambien de opinión.

La Corona está al margen del debate político, y por ello el ejercicio de su autoridad no se encuentra sometido a la aprobación de otras autoridades. El Rey no puede ser reprobado por ninguna autoridad de España, porque ninguna institución tiene facultades para ejercer dicha misión censora. La libertad de expresión política no puede legitimar la reprobación del Rey por parte de ninguna institución, ni aun siendo ésta genuinamente democrática.

El Tribunal Constitucional sostiene que los poderes públicos no se encuentran en la misma posición que los ciudadanos, cuando éstos ejercen su derecho a la libertad de expresión. Las instituciones no ejercen el derecho fundamental de expresarse, y más bien cumplen sus funciones con arreglo a la ley, sin atribuirse el derecho de calificar a los ciudadanos (STC 185/1989).

Los jueces y fiscales tampoco han sido elegidos en comicios populares, sin que por ello su legitimidad resulte cuestionada en ninguna medida. Los jueces ejercen un poder público que emana del pueblo (artículo 117 CE) y los fiscales actúan por mandato directo de la Constitución (artículo 124 CE). Ninguno de ellos debe sentirse deslegitimado por no haber sido refrendado por sufragio popular, porque su nombramiento, posesión y ejercicio son reflejo del orden democrático, del que toda autoridad emana (artículo 1 CE).

Con todo, resulta comprensible que desde algunos sectores se deslegitime al Rey, porque la Corona se ha convertido en baluarte de los principios que fundamentan nuestra convivencia. Una Corona que simboliza la unidad de la Nación, cuya integridad es puesta en entredicho por quienes cuestionan la historia de España desde la caída de Roma. Una Corona que transita de una legitimidad originaria, alcanzada en Asturias en el siglo VIII, a una monarquía parlamentaria netamente democrática, que nos sitúa a la cabeza de los países más prósperos de Europa, cuna de los derechos humanos. Una Corona al frente de las Fuerzas Armadas, a quienes la Constitución confía la defensa de la integridad territorial. Una Corona llamada a presidir las Academias, cúspide de nuestra cultura y depositarias de las mejores tradiciones. Una Corona que nos acerca a los países de nuestra comunidad histórica, asumiendo una representación prestigiosa en un contexto internacional complejo. Una Corona que nos acerca a los países de nuestro entorno, consolidando vínculos con las naciones más respetadas. Una Corona que, como sostiene nuestra Carta Magna, responde al interés de los españoles, quienes de ella esperan la más alta motivación y el mejor de los ejemplos.

Alvaro Redondo Hermida, fiscal del Tribunal Supremo