Un nuevo ataque protagonizan, casi una veintena de jueces y magistrados de diversas instancias de El Salvador, quienes denunciaron este martes ante un relator de las Naciones Unidas las “graves violaciones a la independencia judicial” atribuidas a funcionarios del Gobierno y “especialmente” al presidente Nayib Bukele.

Los jueces enviaron una carta al relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, a la que Efe tuvo acceso y cuya veracidad fue confirmada por una fuente del órgano Judicial.

“Los magistrados y jueces firmantes nos avocamos a su digna autoridad para ponerlo en conocimiento sobre las graves violaciones a la independencia judicial ocurridas en El Salvador por funcionarios y autoridades del órgano Ejecutivo, especialmente del ciudadano Presidente de la República”, reza el documento.

Añaden que el presidente salvadoreño, quien mantiene constantes enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Legislativa, “invoca de forma constante desobediencia a las resoluciones judiciales”.

Los jueces subrayan que “las afectaciones a la independencia judicial se han presentado en forma sistemática en todo el entorno de la pandemia (de) COVID-19” con la “constante desobediencia, incitación agresiva y amenazas contra los miembros de la Sala de lo Constitucional” de la CSJ.

El mandatario ha señalado en diversas ocasiones que los magistrados de esta Sala le han retirado facultades para atender la pandemia.

Los magistrados mencionaron una medida cautelar que prohibió exigir una prueba negativa de COVID-19 a los salvadoreños para entrar en su país y que, con “interpretaciones propias e inusuales”, trasladaron la responsabilidad de exigir el test a las aerolíneas en “franca desobediencia”.

Los jueces sostuvieron que otro “ataque grave a la independencia judicial” fue el bloqueo a las inspecciones de archivos militares en el marco del proceso penal por la masacre de 1.000 civiles en El Mozote en 1981.

Esta acción ha supuesto duras críticas al mandatario por parte de los supervivientes, cuya causa Bukele aseguró que también era suya al inicio de su mandato, y por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó el hecho.

“Son muchos los mensajes que estimulan la desobediencia a los mandatos judiciales, lo que puede conllevar a una espiral de poner en peligro la institucionalidad judicial, integridad y vida de los miembros que la integran”, advirtieron.

En una cadena nacional de radio y televisión a inicios de agosto pasado, el presidente salvadoreño manifestó que si él fuera “dictador” hubiera “fusilado” a los jueces constitucionales.

“Los hubiera fusilado a todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvar mil vidas a cambio de cinco”, señaló Bukele, quien dijo que los jueces son los “dictadores que nos quitan los poderes que por Constitución o por ley tenemos”.

Los jueces y magistrados pidieron al relator de la ONU que se pronuncie por esta situación tras haber “agotado las instancias nacionales” y ante la “escalada” de las vulneraciones que señalan.

Por su parte, el juez de instrucción Jorge Guzmán ordenó, por primera vez en la historia reciente salvadoreña, una serie de inspecciones militares para la búsqueda de documentos relacionados con la matanza y su inicio fue impedido el lunes en las instalaciones del Estado Mayor en San Salvador.

Guzmán, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, requirió al mandatario y a Merino que le informen si la negativa “corresponde a una posición oficial de ellos como titulares de la institución armada”.

Además les solicitó que, si la orden fue dada por ellos, manifiesten “las razones de hecho y derecho para la negación del acceso a los archivos militares” en un plazo de cinco días hábiles después de la notificación de la resolución. Ante la falta de información oficial sobre el hecho, el juez Guzmán reprogramó el inicio de las inspecciones, planificadas para 8 semanas, para el próximo 5 de octubre.

El presidente Bukele, quien se mantiene activo en las redes sociales, no se ha pronunciado sobre el tema. Tampoco se ha recibido una postura oficial a pesar de las solicitudes hechas por Efe mediante un enlace de prensa con el Gobierno y al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

El freno a las inspecciones le ha valido al mandatario críticas de los sobrevivientes, cuya causa aseguró que también era suya al inicio de su mandato, y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó el hecho.