Amnistía Internacional cierra sus oficinas en Hong Kong por miedo a represalias

La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong ha hecho imposible que organizaciones de derechos humanos trabajen libremente y sin temor a graves represalias por parte del Gobierno del centro financiero, y eso también aplica a Amnistía Internacional (AI).

“Con gran pesar cerramos nuestras oficinas”, anunció la secretaria general de la ONG, Agnes Callamard, en la red social Twitter esta mañana. Callamard advirtió de que “se avecinan días difíciles para los derechos humanos en Hong Kong. Avanzó que continuarán luchando “para que se respeten los derechos de su pueblo y por ello estarán atentos para vigilar a quienes los violen”.

Tras cuarenta años de presencia en el archipiélago de 7,2 millones de habitantes, bajo el régimen británico y mas tarde bajo el de “un país, dos sistemas” decretado en el momento de la entrega a China en 1997, Amnistía Internacional clausurará finalmente sus dos oficinas. La oficina local echará el cerrojo el próximo domingo. La oficina regional, que investiga y hace campaña en una veintena de países, entre ellos China continental, Japón, Australia y Corea del Norte, se da de plazo hasta finales de diciembre para trasladar sus actividades a otros países de la región.

“Esta decisión, tomada con gran pesar, ha sido impulsada por la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que ha hecho efectivamente imposible que las organizaciones de derechos humanos trabajen libremente y sin temor a graves represalias por parte del Gobierno”, ha lamentado Anjhula Mya Singh Bais, presidenta de la junta internacional de Amnistía.

“Hong Kong ha sido durante mucho tiempo una base regional ideal para las organizaciones internacionales de la sociedad civil, pero el reciente ataque a los grupos locales de derechos humanos y sindicales apunta a una intensificación de la campaña de las autoridades para librar a la ciudad de todas las voces disidentes. Cada vez nos resulta más difícil seguir operando en un entorno tan inestable”, añadió.

Aprobada en junio de 2020, la Ley de Seguridad Nacional ha transformado radicalmente el panorama político, cultural y jurídico del territorio. “El entorno de represión y la incertidumbre perpetua creada por la Ley hace imposible saber qué actividades pueden dar lugar a sanciones penales”, lamentó Amnistía Internacional.

En julio, el primer hongkonés juzgado en virtud de la nueva ley fue condenado a nueve años de prisión por chocar con una moto contra un agente de policía mientras agitaba una bandera con un lema considerado subversivo. Un segundo acusado fue condenado este lunes por “secesión”, por corear consignas como “Hong Kong libre, la revolución de nuestro tiempo” y “hongkoneses, construid vuestro propio país”. El joven, primera persona condenada por un delito no violento contra la seguridad nacional, está en prisión desde su detención hace diez meses y será condenado más adelante. Se enfrenta a una pena de hasta siete años de prisión.

Pekín incorporó el texto directamente a la “Ley Fundamental” que sirve desde 1997 de  mini Constitución en Hong Kong -pasando por alto el Poder Gegislativo local- tras un año de protestas y violentos disturbios en favor de la democracia. Con una redacción poco precisa, en ella se tipificaban como delitos la subversión, la secesión, la colusión con fuerzas extranjeras y los actos terroristas, que se definían en sentido amplio. La medida otorgaba a la Policía nuevos y amplios poderes, lo que alarmó a los demócratas, a los grupos de la sociedad civil y a los socios comerciales, ya que estas leyes se han utilizado ampliamente para silenciar y castigar a los disidentes en China.

Sin embargo, Pekín afirma que la legislación draconiana ha ayudado a Hong Kong a recuperar la estabilidad la paz a la ciudad. Más de 150 personas han sido detenidas en virtud de la ley, y más de la mitad de ellas acusadas esperando juicio en prisión. Los actos no violentos relacionados con el discurso político constituyen una proporción dominante de los motivos de esas detenciones, incluida la posesión de parafernalia prodemocrática o independentista, o cualquier publicación en Internet. Decenas de activistas, militantes, políticos y ex legisladores han sido encarcelados y se encuentran a la espera de juicio por cargos relacionados con la celebración de unas primarias electorales no oficiales el año pasado.

La ley ha puesto en el punto de mira aspectos de la vida cotidiana, desde el currículo escolar hasta el arte público, bibliotecas, museos conmemorativos (como el de Tiananmen) o esta misma semana el atuendo de los participantes en una maratón (donde hasta los tatuajes con referentes políticos estaban vetados, invitando a los corredores a cubrirlos o no poder participar).

La enmienda también ha contribuido al cierre de periódicos -encarcelando a sus dirigentes y congelando sus activos-, así como al cierre de grupos políticos y de la sociedad civil. Estos grupos se han visto obligados a disolverse desde la introducción de la ley, incluidos algunos de los más grandes y antiguos de la ciudad.

El Gobierno de la región administrativa de China, ha rechazado durante mucho tiempo las peticiones encaminadas a aclarar la forma de operar legalmente bajo la ley, especialmente para los periodistas y los grupos de defensa.

Durante sus 40 años en Hong Kong, Amnistía hizo campaña por la abolición de la pena de muerte en 1993 y, más recientemente, llevó a cabo una amplia labor de investigación y promoción en relación con las protestas masivas de 2019 y la posterior represión por parte de las autoridades. La secretaria general de la organización mundial, aseguró que su equipo había “iluminado las violaciones de derechos humanos en los días más oscuros”.