“Ninguna broma, ninguna tontería”

«Decidir sobre la culpabilidad de una persona no es ninguna broma ni una tontería».«Ustedes tienen que acompañar esa solemnidad». «Espero que lo tengan en cuenta y adecuen su compostura al acto que estamos celebrando y no tener que llamarles la atención». La literalidad pertenece al presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargado de la sentencia de la pieza política del “caso ERE”. El contexto, la vista oral. Calle Peña, con apellido de colegiado y gesto de Garci, llamaba la atención directamente a un ex consejero -recién operado de una hernia de disco y aún convaleciente- que estiraba las piernas sentando en el banco tras varias horas de sesión. El magistrado presidente y sus compañeras no pasan por jueces que se arruguen.

Los tres jueces coinciden en haber pasado muchos años en juzgado de Instrucción o de lo Penal y en la experiencia de haberse ocupado de casos de gran trascendencia mediática, como el “caso Ollero”, por el pago de comisiones en la adjudicación de carreteras; el “caso Betis”; la causa del duque de Feria por corrupción de menores; o el juicio de los activistas pro etarras que se colaron disfrazados de Giraldilla, la mascota del evento, en el Mundial de Atletismo de Sevilla en 1999.

Calle Peña se ocupó en 1993, a cargo del juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, del caso del duque de Feria, Rafael Medina, detenido en un hotel de Sevilla por hacer fotos eróticas a una niña de cinco años. Fue condenado a 18 años de cárcel, rebajados a la mitad por el Tribunal Supremo. Tras pasar por el juzgado de Lo Penal número 12, Calle Peña fue a la Audiencia, donde fue apartado de los recursos de Lopera por el “caso Betis” por su parentesco con uno de los denunciantes.

Por su parte, Pilar Llorente se ocupó del primer gran escándalo de corrupción en Andalucía desde el juzgado de Instrucción 17 de Sevilla: el “caso Ollero”. La causa investigaba el tráfico de influencias por parte del que fuera director general de Carreteras de la Junta. Llorente fue la Alaya de los 90. En 1999, la Audiencia condenó a Manuel Ollero y a Jesús Roa, presidente de Ocisa. Tres lustros después del inicio del caso, el Tribunal Constitucional anuló las escuchas autorizadas por la juez y la repetición del juicio acabó en absolución. En 2004, Pilar Llorente procesó a Manuel Ruiz de Lopera en su primer juicio por delito fiscal como presidente del Betis.

Finalmente, Encarnación Gómez Caselles se ocupó del caso de las Giraldillas del Mundial de Atletismo de Sevilla desde el juzgado de lo Penal 10. Los diez procesados fueron absueltos de desórdenes públicos pero uno de los investigados fue condenado a un año de cárcel por atentado a la autoridad durante su traslado a comisaría y otro a seis meses por resistencia a la autoridad.

Los jueces han defendido su independencia a la hora de dictar la sentencia, señalando que no ha influido la fecha de las elecciones; y la obsesión para que el fallo llegue en primer lugar a los afectados -al contrario de lo ocurrido con el Procés- ha sido primordial. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, defendió que la sentencia es “una de las más complicadas de la historia judicial en España”. El fallo llega a los 333 días del final del juicio.