La Junta «garantiza» atención a los menas

Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y voluntarios de las redes de acogida se concentraron ayer frente a la sede de la Junta de Andalucía en Cádiz para denunciar la «criminalización» de los menores inmigrantes. En este contexto, la Junta anunció ayer la retirada por parte del gobierno central de las ayudas concedidas a la comunidad en el 2018 para atender a los menores migrantes no acompañados. Por parte del Gobierno de PP y Ciudadanos, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, calificó de «error» la medida del ejecutivo e insistió en que «retirar casi 27 millones» en esta causa es motivo para que Madrid «rectifique». Ante esta situación, la «única posibilidad», según el vicepresidente autonómico lamentó que la Junta tenga «que asumir competencias que le corresponden al Gobierno de España». La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, por su parte, aseguró la atención de estos menores, como deber «legal y moral», «garantizando» que la atención de estos menores «no está en peligro» de verse vulnerada.

Mientras tanto, por parte del delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Lucrecio Fernández, «el Gobierno de España no retiró ningún tipo de financiación» y explicó que se trata de un «crédito extraordinario» para afrontar «la crisis migratoria» de 2018 por la «excesiva llegada de migrantes».