Moreno acusa al Gobierno de «burlarse» de la región por «negarse» a pagar el IVA

La comunidad recibirá 75 millones menos por las entregas a cuenta del sistema de financiación

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La reforma del sistema de financiación es una asignatura pendiente que debe abordar el nuevo Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, insistentemente reclamada por varios presidentes regionales. Mientras se trata este asunto, el Consejo de Ministros acordó ayer los criterios del reparto de las entregas a cuenta, pieza clave de la financiación autonómica, correspondiente a 2020. Andalucía recibirá 19.143 millones de euros por este concepto, un 0,39 por ciento menos que la cantidad que obtuvo en 2019. En definitiva, 75 millones menos.

El jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, mostró su malestar por esta rebaja y acusó al Gobierno central de «burlarse» de Andalucía «negándonos los 537 millones de euros del IVA que nos debe». «No aceptaremos chantajes y mucho menos que se utilice el dinero de los andaluces para pagar las hipotecas de su investidura», aseguró en su perfil de Twitter. Por su parte, el vicepresidente, Juan Marín, insistió en la necesidad de reformar la ley de financiación autonómica, en la que a Andalucía «le corresponderían un total de 4.000 millones de euros más».

Según apuntó el Ministerio de Hacienda, estamos en una situación inédita de doble prórroga presupuestaria, por lo que el Gobierno «ha elegido la fórmula más ventajosa para las administraciones territoriales dentro de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico actual», una muestra del «compromiso» con la financiación autonómica y con los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales». No obstante, las cantidades consignadas podrían variar cuando se aprueben los Presupuestos Generales, que el jefe del Ejecutivo pretende sacar adelante antes del verano.

Los anticipos se vieron afectados el pasado ejercicio por la falta de Presupuestos. Para paliar este problema y garantizar la prestación de los servicios, Hacienda aprobó el pasado 11 de octubre un decreto-ley que, por primera vez, permitió actualizar esos importes pese a la prórroga de las cuentas públicas. Para este año, por tanto, se utilizará como base de cálculo el importe actualizado de 2019, en lugar de los valores de la prórroga de 2018, que habrían sido menores, según el departamento de María Jesús Montero.