Prescripciones ante el Tribunal de Cuentas de varias ayudas de la trama de la Sierra Norte

Prosigue el goteo de sentencias en el Tribunal Cuentas. Prescriben las ayudas de varias piezas del entramado de la Sierra Norte, que en total rondaron el millón de euros. En relación a la ayuda a Refractarios Andalucía, la Sala estimó los recursos de apelación contra el auto dictado en primera instancia, con el voto particular en contra de uno de los consejeros. La Sala, como ocurrió con el recurso que ya recogió este diario del ex director de Trabajo en relación a Iniciativas Turísticas Sierra Morena, empresa de su ex chófer y la suegra de éste, concluye que «no precisa de ningún pronunciamiento penal previo para poder conocer y resolver sobre las pretensiones planteadas por las partes», considerando que «no aprecia la existencia de ‘elemento previo necesario’ ni ‘cuestión directamente relacionada’ con la responsabilidad contable que le impida resolver». Se trata de dos ayudas que suman más de 520.000 euros y que quedarían prescritas al haber pasado más de cinco años y aún existiendo la posibilidad, como señala el voto particular, de que pueda producirse una condena penal por malversación. En relación a la ayuda a la cooperativa San Sebastián de Guadalcanal, el Tribunal de Cuentas llega a la misma conclusión, también con un voto particular en contra de un consejero.

Una tercera sentencia se refiere a las subvenciones a Muebles Don Formón por un total de 96.400 euros. La Sala tampoco aprecia «ninguna cuestión que requiera una previa decisión penal que constituya elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable». No obstante, desestima el recurso de apelación interpuesto con imposición de costas a los apelantes, al considerar que necesariamente como sujeto participante debía conocer los procedimientos que se estaban llevando a cabo y no habría «indefensión». En este caso, la sentencia previa cuya alegación se desestima condenó a Muebles Don Formón y al ex director general de Trabajo Javier Guerrero al reintegro de las cantidades. El Tribunal de Cuentas apunta que ni la empresa ni Guerrero «han sido condenados por haber concedido indebidamente las ayudas o por haberlas articulado de manera ajena a los procedimientos legalmente establecidos» al estar «estas funcione fuera de su esfera de actuación porque estaban reservadas a los órganos administrativos» de la Junta. La pena se debe por «participar en este operación ilegal aceptando ayudas que ni habían solicitado en forma» ni justificado.