A la cola en residencias para mayores con una carencia de 27.981 plazas, el 40% de todo el país

Según el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con fecha del pasado octubre, consultado por LA RAZÓN, la comunidad cuenta con unos 750 centros residenciales para mayores. Las plazas privadas se cifran en 267.240 y las públicas en 99.130, esto es, cerca del 80% del mercado es privado. El precio de los centros, según los buscadores de residencias, van desde los aproximadamente 1.000 euros hasta más del doble de esta cantidad. Una sociedad como la española y la andaluza, con una clara tendencia al envejecimiento, carece de recursos suficientes para el cuidado de las necesidades de los mayores. Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en función de las recomendaciones de los organismos internacionales, faltan más de 70.000 plazas en residencias para personas mayores en el país. La ratio se fija en 5 plazas por cada 100 mayores. El déficit residencial lo encabeza Andalucía, donde faltan 27.981 plazas para alcanzar esa ratio, el 40% del total nacional. Por contra, la comunidad se sitúa en el grupo de comunidades donde el usuario debe pagar menos para acceder a una plaza de financiación pública, esto es menos de 7.000 euros anuales, aunque con el problema de que no suele haber plazas. La pensión media en Andalucía también es sensiblemente inferior a la media española.

Tras Andalucía, las siguientes comunidades por déficits de plazas residenciales, son la Comunidad Valenciana (con un déficit de 20.844), Galicia (14.858), Región de Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063). La ratio de 5 plazas por cada 100 personas en España solo la alcanzan cinco comunidades autónomas. Son los casos Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Aragón, que alcanzan o superan la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y solo una de ellas, Castilla y León, alcanza también esta ratio con plazas de financiación pública.

Por otro lado, en lo que a centros de menores se refiere, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación trabaja en un decreto para la prórroga nueve meses de contratos concertados como los Centros de Atención Residencial o centros tutelados, cuya vigencia vence el 20 de febrero, «circunstancia que pone en riesgo la continuidad asistencial de estas personas que actualmente están ocupando plazas en los centros de titularidad», según describe la Memoria Justificativa del proyecto de decreto, mientras trabaja en una nueva adjudicación, que deberá estar seleccionada antes del 24 de noviembre.

El decreto modificará la Disposición Transitoria Primera del Decreto 41/2018, que regula el concierto social para la prestación de servicios sociales y que acota la vigencia de estos contratos por un periodo de dos años, que acaba el 20 de febrero. El Gobierno andaluz explicó la iniciativa que adopta por «una razón de interés general: impedir que haya periodos sin cobertura contractual». En la Memoria Justificativa se apunta que «sería imposible financiar estas plazas a los centros al quedarse sin efecto el contrato vigente» y sostuvo que «por la naturaleza y las características de los servicios no sólo es inviable dejar de prestarlos temporalmente sino que se incurriría en una grave omisión de responsabilidad».