Política

El 68% de las playas y 600 empresas obtienen el sello «Andalucía segura»

PP, Ciudadanos y Vox aprueban en el Parlamento el decreto que regula la iniciativa, dada la «imperiosa necesidad» de reactivar el turismo

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan MarínManuel OlmedoLa Razón

El 68 por ciento de las playas andaluzas –42 de los 61 municipios costeros– y más de 600 empresas ya disponen del sello «Andalucía segura», un distintivo «voluntario, gratuito y temporal» que garantiza la seguridad y las medidas sanitarias frente al coronavirus. Así lo aseguró ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, en el Parlamento andaluz, que convalidó –con los votos de PP, Ciudadanos y Vox– el decreto que regula esta iniciativa, junto a otras medidas educativas, culturales y urbanísticas. Marín aseguró que este sello responde a la «imperiosa necesidad» de reactivar el turismo. En relación a los distintivos de «municipio turístico», la concesión se alarga de cuatro a cinco años. Ya son 28 localidades andaluzas las que lo tienen, convirtiéndose en un «revulsivo» y en un «motor» de sus economías. En el ámbito urbanístico, el decreto incluye una modificación de la LOUA para promover el desarrollo rural en el contexto de la crisis, permitiendo nuevas actividades productivas «con capacidad para generar empleo».

En el debate, Vox valoró positivamente el sello «Andalucía segura» y propuso que, si alguna empresa no cumplía con la declaración responsable, fuera sancionada. No obstante, criticó la fórmula del decreto y recordó que se han aprobado 17, frente a solo seis leyes.

El diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García se centró en la modificación de la LOUA y advirtió de que supone permitir «la construcción sin límite y volver a la cultura del pelotazo». Cs insistió en la necesidad de generar «confianza» en el sector turístico y el PSOE-A instó a que la Intervención revisara las normas que se vienen aprobando. «Están afectados de soberbia», afeó al Gobierno andaluz, además de criticar que este decreto llega a la Cámara «sin consenso».