Maeztu cree que la gestión en las residencias ha sido un «fracaso»

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quiere saber cuántos médicos prestan servicio en las residencias de ancianos, cuál es su personal cualificado y cuáles son las condiciones de estos equipamientos a la hora de afrontar una crisis sanitaria como la del coronavirus, puesto que la gestión en estos centros durante la pandemia, a su juicio, ha sido un «fracaso». Así lo aseguró ayer tras entregar a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el informe anual de la institución relativo a 2019. Un documento que se entrega ahora tras el parón de la actividad parlamentaria durante el estado de alarma y que no contiene el análisis de las consecuencias sociales del Covid-19, que será objeto de un informe extraordinario.

Maeztu no se anduvo con medias tintas a la hora de valorar los efectos del coronavirus en el grupo más vulnerable: el de los ancianos. «A lo mejor es falso, pero el hecho de pensar que algunos ya no tenían derecho a UCI me estremece», señaló, además de recordar que todavía no se han resuelto cuestiones «como los cuidados paliativos ni la muerte digna». Por ello, instó a abordar un «cambio de modelo» en las residencias y a revisar «qué es lo que ha pasado» cuando el coronavirus azotaba con virulencia. «Esta Defensoría va a ir visitando todas las que pueda y tuvimos que intervenir en algún caso, como en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)», señaló.

Un total de 49.487 personas reclamaron en 2019 la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, que realizó 25.223 actuaciones. Se trata de 10.924 quejas –de las que 7.166 fueron nuevas y el resto tramitadas de años anteriores–, 13.470 consultas y 829 acciones de promoción de derechos, como jornadas, guías e informes especiales.

El informe muestra que la vulnerabilidad económica y social continuaba amenazando a principios de año a una buena parte de los andaluces y que la recuperación estaba siendo «profundamente desigual para algunas capas de población». Estos sectores lo integran «trabajadores pobres, niños que sufren pobreza infantil, personas mayores de 65 años que son el sustento de muchas familias, migrantes con un riesgo enorme de caer en la pobreza, familias con hijos dependientes, mujeres solas con hijos y personas necesitadas de una vivienda debido a su alto coste». El coronavirus, según Maeztu, no ha hecho más que «certificar la vulnerabilidad» de estos grupos, por lo que puso la lupa en varias demandas.

En primer lugar, señaló la necesidad de un «reforzamiento de lo público». «Ante una situación de grave desprotección, hemos acudido a lo público, que es una garantía», aseguró, además de exigir medidas de protección para los sanitarios y la educación pública, como una «inversión necesaria para evitar la desigualdad y las brechas educativas».

Junto a ello, consideró que la recuperación será posible «si es complementada con la creación de empleo», por lo que señaló la «oportunidad de pasar de una economía de mercado a una economía de cuidados». La atención a los colectivos más vulnerables «no se debe considerar un gasto, sino una inversión para alcanzar un nuevo modelo productivo». También puso el acento en la «Andalucía despoblada y olvidada», señalando el turismo rural o el teletrabajo como nichos de oportunidad.

Como lección positiva de la pandemia, Maeztu destacó «la ayuda mutua, el compromiso horizontal y el acompañamiento», puesto que los voluntarios «han llegado a donde no lo han hecho las Administraciones».