El Tribunal Supremo archiva la denuncia de la asociación de “Spiriman” contra el ministro Illa

La denuncia penal del presidente de la asociación Justicia por la Sanidad, Jesús Candel -conocido como “Spiriman”-, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores ha sido archivada por la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Esta asociación ha informado este viernes en un comunicado de que presentó la denuncia el pasado 9 de junio tras recibir “innumerables llamadas de auxilio” de profesionales sanitarios de toda España para exponer que trabajaban en plena pandemia sin Equipos de Protección Individual (EPI).

Esto provocó que la asociación liderada por Candel movilizara recursos para dotar de este material de protección a los trabajadores sanitarios, al considerar que ni los gobiernos central ni autonómicos estaban cumpliendo con la normativa establecida en Prevención de Riesgos Laborales.

Ante esta "desprotección" que, según indicaron, ponía "en alto riesgo" las vidas del personal sanitario, Justicia por la Sanidad denunció a Illa y a quienes resultaran responsables por el presunto incumplimiento de dos artículos del Código Penal que sancionan la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.

Según ha detallado la asociación, la Fiscalía no considera oportuno admitir a trámite la denuncia con distintas justificaciones, entre ellas la "inconcreción absoluta tanto personal como temporal, con una descripción genérica de los hechos, sin identificar a los trabajadores sanitarios ni concretar las situaciones de riesgo".

Otro argumento para archivar la denuncia es que, según el Decreto de Estado de Alarma, el ministro de Sanidad es la autoridad competente pero cada administración (comunidad autónoma) conserva las competencias que le atribuye la legislación vigente en relación con la gestión ordinaria de sus servicios.

Según la asociación de Candel, la Fiscalía ha tenido con su decisión “afán por demostrar que no se ha infringido ninguna norma preventivo-laboral” y que era imposible hacer más de lo que se hizo.

Incluso recrimina a Justicia por la Sanidad, añade, que no proporcione ningún dato sobre en qué momento se repartieron cientos de miles de mascarillas con "falsos etiquetados" de homologación y test rápidos que luego no pasaron los controles de calidad por las aduanas españolas.

“Entendemos que corresponde a la Fiscalía solicitar las pruebas al Gobierno de estos hechos, aperturando primero las correspondientes diligencias de investigación, requiriendo al Ministerio de Sanidad para que aportara las fechas de las compras de material sanitario”, ha indicado el colectivo, que cree que se ha infringido la tutela judicial efectiva.