Un nuevo plan de empleo elevará a 305 millones la inversión de la Junta

La sesión de control al Gobierno andaluz que se vivió en el Parlamento autonómico transpiró más enfrentamiento ideológico y despliegue de señuelos políticos que intención de alcanzar consensos frente a la pandemia. Y ello, pese a que el Producto Interior Bruto (PIB) estatal se hundió un 17,8 por ciento en el segundo trimestre de 2020 respecto al anterior en términos de volumen, lo que supuso su mayor caída trimestral en la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que arranca en 1970. La economía española, y con ella la andaluza, «están en recesión», según admitió ayer en la Cámara el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien anunció que, en ese escenario, el Ejecutivo autonómico trabaja ya para «moldear una nueva actuación dirigida a promover empleo» en la comunidad y a dar continuidad al bautizado como plan AIRE. Estará dotado, de acuerdo a lo expuesto ayer por el popular, con «la cantidad de 140 millones de euros». Pocos más detalles se conocen por el momento de la iniciativa, más allá de que la capitanea la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que mantiene un proceso de negociación abierto tanto con los grupos parlamentarios como con los agentes económicos y sociales, en esencia sindicatos y empresarios. El fin último es intentar llegar al máximo consenso para sacar adelante la medida y unas 16.000 contrataciones.

«Seguiremos dialogando para ver si podemos conseguir ese gran objetivo», aseveró Moreno, para deslizar mirando hacia las bancadas de la oposición que éste debería contar «con el mayor respaldo» posible. Lo hizo tras ser preguntado por el portavoz del PP-A en la Cámara, José Antonio Nieto, sobre otro plan, «Andalucía en Marcha», que pondrá en circulación 3.450 millones hasta 2023 para realizar obras de infraestructuras sanitarias, educativas, judiciales, hidráulicas, de comunicación o energéticas y que, según el Ejecutivo regional, también generará «miles de empleos» al dinamizar la economía. «No es incentivar la construcción de rotondas o monumentos absurdos, son colegios, hospitales, o sedes judiciales», quiso aclarar el máximo dirigente del Gobierno andaluz, en alusión a críticas lanzadas desde el PSOE-A.

Los 140 millones se sumarán a los 165 que ya destinaron en junio a otro plan de empleo con los ayuntamientos ligado a AIRE, con lo que el global asignado este año a esa materia de forma específica se elevaría hasta los 305 millones. La primera iniciativa «está prácticamente resuelta administrativamente», según confirmaron ayer a LA RAZÓN fuentes de Empleo, y este mes «han empezado los primeros contratos». En total se han adherido «771 ayuntamientos» y se han resuelto «769 de esas solicitudes», lo que se ha traducido en «12.000 contratos». En dos meses, julio y agosto, se ha tramitado casi el cien por cien de las peticiones, excepto una vinculada a Granada que por la cuantía, más de 3,3 millones, tenía que pasar por Consejo de Gobierno, lo que sucedió este martes, y otra por falta de documentación.

Moreno advirtió en el plenario de que para salir del agujero económico cavado con los efectos de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 no sólo será necesario el empuje de todas las administraciones, sino también «la iniciativa privada». Por ello instó al Gobierno central que dirige Pedro Sánchez a hacer cambios en la ley de contratos del sector público para «multiplicar hasta por cuatro» las inversiones fruto de la colaboración público-privada. En su diálogo con el diputado de Ciudadanos (Cs) Sergio Romero, el presidente de la Junta detalló que tras plantearle él primero a Sánchez ese «limitante» para la cooperación, la Consejería de Hacienda remitió dos cartas al ministerio del ramo proponiendo cambios relativos a las rentabilidades de la inversión recogidas en la normativa actual y esperan la contestación de ese departamento, que comanda la andaluza María Jesús Montero. El popular hizo hincapié en la importancia del que el sector privado participe en la «reconstrucción» de Andalucía, por lo que abogó por dejar atrás «prejuicios ideológicos» al no «tener sentido».

Más allá del plano estrictamente económico, hubo otro asunto que se coló en la sesión plenaria al calor de la actualidad mediática: la ocupación ilegal de viviendas. Se interesó por ella el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, a quien Moreno le adelantó que «estará finalizada en octubre» una guía para responder a las dudas de quienes hayan sufrido ese problema tras la proliferación de «las mafias y los caraduras que quieren aprovecharse de lo ajeno». A ello engarzó que se pondrá en marcha un sistema de información integral a través de las oficinas de las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y se suscribirá un acuerdo de colaboración entre ésta y las áreas de Interior y de Justicia para avanzar en esa problemática dentro de las competencias autonómicas. A lo expuesto encadenó que él mismo planteará al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, con quien mantendrá una reunión, que se cree una figura específica dentro de la Fiscalía que se encargue de los temas ligados a la ocupación. «Pero lo urgente es que el Gobierno –central– actúe», defendió el popular, para demandarle a Sánchez luego más recursos, entre los que incluyó efectivos para la unidad adscrita de la Policía Nacional. «Vamos a luchar para evitar la ocupación en nuestra tierra», garantizó Moreno, tras haberse registrado 1.183 casos en la región en lo que va de año.