Luz verde al dictamen de la reconstrucción con críticas cruzadas por las ausencias

Tanto el PSOE-A como Adelante Andalucía decidieron no participar en la comisión parlamentaria de reconstrucción económica y social de Andalucía por la presidencia que ha ostentado Vox. Sus voces no se escucharon en las sesiones, a las que acudieron numerosos representantes de la sociedad civil andaluza para aportar sus recetas de cara al escenario posterior a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, hoy jueves, cuando se debatió en la Cámara la aprobación del dictamen, sí criticaron los trabajos y unas conclusiones que tacharon de «pantomima». El debate fue bronco, centrado más bien en la ausencias de ambas formaciones que en el contenido de un documento con 500 medidas que el propio presidente de la comisión, Manuel Gavira, se empeñó en detallar: «Hay propuestas relativas a la salud, la prevención, la mejora de las retribuciones de los sanitarios, infraestructuras, empleo, vivienda o vertebración territorial». Gavira fue muy gráfico al asegurar que los andaluces «han venido a contarnos sus penitas», aunque destacó la «ejemplaridad» del pueblo andaluz en esta crisis sanitaria.

El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, censuró, en referencia a Adelante y el PSOE-A, que «algunos no han visitado el Parlamento porque tenían instrucciones expresas de sus valedores políticos». «Que Vox presida esta comisión es una excusa irracional y absurda», señaló, al tiempo que defendió la «impregnación ideológica» del dictamen porque «estamos aquí para hacer política». Junto a ello, aseguró que el texto ha sido «depurado y medido para que nadie pueda estar en desacuerdo» e instó los socialistas y a la coalición de izquierdas a no usar su turno de palabra por no haber participado en los trabajos «perezosamente». También envió un recado al Gobierno andaluz, al que instó a poner en marcha el contenido del documento. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fran Carrillo, tildó de «excusa barata» los argumentos dados por el PSOE-A y Adelante para no integrarse en la comisión y recordó a ambas formaciones que Vox también preside la comisión de Cultura, donde sí intervienen. «No han querido venir en agosto», reprochó.

La portavoz del PP-A, Ana Vanesa García, también se refirió a los partidos ausentes de los trabajos, subrayando que «han perdido la oportunidad de ser útiles». «Están apuntados al alarmismo, al bulo y al cinismo; al gamberrismo institucional». Junto a ello, reclamó que las 98 horas que ha durado la comisión se detraigan del sueldo de los parlamentarios ausentes. En su intervención agradeció la participación de los 134 comparecientes, «que han venido a colaborar y ustedes se han reído de ellos».

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, fue categórico al asegurar que este dictamen «nace muerto» y recordó a Vox que «vamos a intervenir cuando queramos, por mucho que le pese a una fuerza política franquista y rancia». A su juicio, el documento presenta tres debilidades: «Se favorece la inversión privada, los servicios públicos no se reconocen como derechos y se bajan los impuestos a la clase privilegiada».

De forma más concreta, criticó que no se debe apostar por construir más viviendas, sino por «rehabilitar», y que en las residencias de ancianos se está siguiendo un modelo «privatizador». «Quieren volver atrás y, por el camino, hacer negocio».

El PSOE-A, en la línea de la coalición de izquierdas, remarcó que «no vamos a ser cómplices de este paripé para contentar a Vox» y recriminó a los tres partidos que han integrado la comisión que «se han dedicado a criticarnos», en vez de defender el contenido del dictamen. «¿Cómo se puede dar la presidencia de la comisión aun partido que no cree en las autonomías?», preguntó el portavoz socialista, José Fiscal, además de calificar el documento de «montaje burdo».

También señaló que «muchos» comparecientes están «estupefactos» por el contenido del dictamen, un «ideario político con el sello de la ultraderecha». En este punto, aseguró que se debió citar a los docentes y sanitarios y lamentó que una de las propuestas sea la «recentralización» de competencias autonómicas.