Miles de coches salen a la calle para tumbar la «ley Celaá»

Unos 25.000 coches, motos y bicis en toda Andalucía, según los convocantes, salieron ayer en caravana en las ocho capitales para protestar contra la nueva ley de educación, la LOMLOE, también conocida como «ley Celaá» por la ministra del ramo. Convocados por organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en la plataforma Más Plurale, los participantes criticaron la «mala fe» de su tramitación en plena pandemia del coronavirus.

El mencionado proyecto de ley, para el que PP, Cs y Vox han anunciado impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, contempla entre otros aspectos el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de diez años. También ha generado polémica la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.

Frente a ello, las organizaciones promotoras de la «protesta aprecian un «fondo sectario y excluyente» y «agravios contra la libertad de enseñanza». «Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares se concede al Estado un poder absoluto y absolutista para una planificación unilateral de los centros», lamentaron. Igualmente, criticaron las medidas planeadas respecto a la asignatura de religión y temen que introducir una nueva asignatura en valores cívicos y éticos derive en un «adoctrinamiento» en aspectos «no elegidos» por los padres. Carlos Ruiz, de Escuelas Católicas de Andalucía, recriminó al Gobierno haber actuado «de mala fe» al promover esta ley cuando la sociedad sólo está «pendiente de la situación única y extraordinaria» suscitada por la pandemia de la Covid-19.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, opinó ayer que la ley es un «completo despropósito» y aseguró que la Junta de Andalucía usará sus competencias para «intentar que tenga el menor impacto posible» en la educación concertada. Moreno avisó de que se trata de una «ley que no va a mejorar la calidad de la educación» y está «tremendamente ideologizada».