Un tercio de los alquileres que paga la Junta es por sedes que vendió

La liquidez urgente de ayer, en economía, es la deuda de hoy y mañana. Con el crack del ladrillo el Gobierno socialista de la Junta vendió diversas sedes para obtener efectivo inmediato pero con el compromiso de mantenerse en alquiler varias décadas, en operaciones a medio y largo plazo. Sólo en Sevilla, sede administrativa central de la autonomía, la Junta cuenta con una centenar de edificios para las direcciones generales, agencias y entes públicos. Gran parte de ellos son alquileres. A fecha de 2019, suponían un gasto de unos 80 millones. El Presupuesto de la Junta para 2021 recoge para toda la comunidad un gasto de cerca de 145 millones de euros para el alquiler y el canon de sedes autonómicas. Destacan los 26.094.727 euros de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local o los 52.945.901 euros de los servicios centrales de diversas consejerías. Del total que gasta la Junta en arrendamientos, casi un tercio es en edificio bajo la fórmula de la continuidad como alquiler en sedes que fueron de su propiedad.

En respuesta parlamentaria a Vox , el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, señaló que «se ha realizado un proceso de análisis previo de los inmuebles propiedad de la comunidad, encontrándonos con enormes dificultades a la hora de la identificación del mismo debido a la mala situación en la que se encuentra el Inventario General de Bienes y Derechos». La Junta venderá «aquellos inmuebles que no son necesarios para los fines públicos que tiene que prestar la Administración Autonómica». La respuesta también detalla que la Junta tiene en arrendamiento «sale and leaseback» (vender pero seguir como inquilino) un gasto de 42.245.691,32 euros anuales; y en arrendamiento especial derecho de superficie, 9.435.012,20 euros anuales sobre el Edificio Bermejales. Este gasto supone casi un tercio de la inversión total en arrendamientos. En 2014, para obtener liquidez con la crisis del ladrillo, la Junta vendió, entre otras, 70 sedes en Sevilla a un fondo americano, obteniendo 300 millones pero abonando alquileres más elevados y con el compromiso de permanencia de 20 años.

«Con la finalidad de identificar inmuebles vacíos o infrautilizados, dato habitualmente no disponible en inventario gestionado por los gobiernos anteriores, en febrero de este año desde la Dirección General de Patrimonio se requirió a todas las consejerías información sobre inmuebles adscritos o cedidos a ellas o a Entidades Públicas que de ellas dependan», señaló Bravo en su respuesta. «En tanto no se completen los datos, se revise y compruebe individualizadamente la situación de hecho de estos inmuebles y se tramite su regularización no es posible ofrecer datos ciertos», añadió. Hacienda defiende que «la gestión y la administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se deben ajustar, entre otros, a los principios de eficiencia y economía en su gestión, así como a los principios de eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos».

La Junta cuenta con 78 sedes administrativas arrendadas en operaciones patrimoniales de Sale anda Leaseback realizadas entre los años 2010 y 2014 que comprometen los arrendamientos a largo plazo, esto es, 20-25 años. «No existe posibilidad de rescindir estos contratos anticipadamente», apuntó Bravo. Respecto al resto de sedes administrativas (generalmente de menor entidad que las anteriores) que son objeto de contratos de arrendamiento ordinario, «a medida que se aproxima el vencimiento de estos contratos se estudia la posibilidad de trasladar la sede a un edificio en propiedad o en arrendamiento en condiciones económicamente más ventajosas, actuándose de este modo siempre que es posible». Cuando no se ha encontrado alternativa «se ha trabajado en la renegociación de precios para bajar el importe de las rentas, firmándose prórrogas por importes notablemente inferiores a los que se venían pagando», apuntó Bravo.