Seis mil personas contra el cierre de Airbus en Cádiz

El incierto futuro de la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz) convocó ayer a unas 6.000 personas, según la Policía Local, en una manifestación que recorrió las calles de la capital gaditana. La manifestación partió de la Plaza de San Juan de Dios para pedir la «reindustrialización de la Bahía» y a ella asistieron el alcalde de la ciudad, José María González «Kichi», y la parlamentaria autonómica y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez.

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez lamentó que manifestarse «es una costumbre que ha adquirido esta tierra conocedora de que solo con la movilización consigue frenar la desindustrialización que empezó en los 80», y que lo hace ahora ante la «amenaza de cierre de una de las plantas más importantes de esta comarca». «No puede ser que Andalucía, la provincia de Cádiz o la comarca de la Bahía solo dependamos del turismo y la hostelería» porque, en su opinión, «seremos muy vulnerables ante las crisis».

Por su parte, la diputada nacional del PP por Cádiz, María José García-Pelayo, adelantó que su formación llevará de nuevo al Congreso la situación que atraviesa la planta de Airbus «porque es necesario que el Gobierno, que es el responsable de buscar soluciones, se moje».

En una nota de prensa, García Pelayo argumentó que con esta iniciativa se pretende «que nos diga de verdad qué estrategia está siguiendo en relación a la resolución de este conflicto» y en ese sentido, anunció que presentará una pregunta a la ministra de Industria, Reyes Maroto, «para que informe de las actuaciones concretas que ha llevado a cabo para parar la intención de cierre de la planta puertorrealeña, además de las perspectivas reales que hay sobre la misma».

García-Pelayo insistió en que en que el Gobierno tiene una participación de un 4,2 por ciento dentro del consorcio aeronáutico, «por lo que tiene voz a la hora de plantear cuestiones y decisiones dentro del Airbus». «Entendemos que tiene que utilizar ese porcentaje de participación para defender los intereses del tejido industrial y el empleo».