Así está previsto que suban las pensiones en 2026 según el tipo de prestación

El calendario vuelve a marcar diciembre como un mes clave para millones de pensionistas. En concreto, el 12 de diciembre de 2025 el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el dato definitivo de inflación media del año, que servirá para calcular cuánto subirán las pensiones a partir del 1 de enero de 2026. Según las previsiones actuales, la revalorización se situará en torno al 2,6%, en línea con la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Aunque el porcentaje exacto se confirmará cuando se conozca el dato oficial, el cálculo ya permite anticipar cómo quedarán las principales prestaciones del sistema, tanto contributivas como no contributivas.

¿Cuáles serán las subidas estimadas por tipo de pensión?

De mantenerse la previsión del 2,6%, la pensión contributiva media, actualmente en 1.506 euros mensuales, pasará a 1.544 euros. En el caso de la pensión máxima, la mejora será algo mayor, en torno al 2,7%, lo que la situaría en 3.355 euros al mes, frente a los 3.267,60 actuales.

Las pensiones de viudedad también experimentarán una subida moderada: de una media de 935 euros mensuales a 958 euros. La incapacidad permanente seguirá la misma línea, pasando de 1.209 a 1.239 euros.

Por su parte, las pensiones mínimas, aquellas que reciben los jubilados con rentas más bajas, tendrán una revalorización algo superior al IPC para avanzar en la convergencia con los estándares europeos. Así, la mínima sin cónyuge a cargo se situará en torno a 897 euros mensuales (frente a 874), y la mínima con cónyuge a cargo alcanzará 1.158 euros (desde 1.127).

Las no contributivas, que perciben quienes no han cotizado lo suficiente para generar derecho a una pensión ordinaria, pasarán de 7.905 a 8.111 euros anuales, según las proyecciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En resumen, estas serían las cuantías brutas mensuales estimadas para 2026:

• Jubilación contributiva media: 1.544 €/mes
• Pensión máxima: 3.355 €/mes
• Viudedad media: 958 €/mes
• Incapacidad permanente: 1.239 €/mes
• Pensión mínima sin cónyuge: 897 €/mes
• Pensión mínima con cónyuge a cargo: 1.158 €/mes
• Pensión no contributiva anual: 8.111 €

Un sistema de revalorización automático

Desde la reforma de las pensiones de 2021, el incremento de las prestaciones se calcula automáticamente en función del IPC medio entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso. De esta forma, el Gobierno asegura que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo sin necesidad de aprobar cada año subidas discrecionales.

El mecanismo sustituye al antiguo factor de sostenibilidad, que vinculaba las pensiones a la esperanza de vida y había sido duramente criticado por reducir el importe real de las prestaciones. Con el nuevo modelo, si los precios suben, las pensiones se revalorizan en la misma proporción; si bajan, permanecen congeladas.

Cambios estructurales a partir de 2026

Además de la subida, el próximo año marcará el inicio de una de las modificaciones más relevantes del sistema: el sistema dual de cómputo. A partir de 2026, los nuevos jubilados podrán elegir entre dos opciones para calcular su base reguladora:

• 1. Los últimos 25 años cotizados, como hasta ahora.
• 2. Los mejores 27 años dentro de los últimos 29 antes de la jubilación, una opción que se aplicará progresivamente hasta 2037.

La Seguridad Social determinará automáticamente qué fórmula resulta más favorable para el trabajador. Asimismo, la edad ordinaria de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses, salvo para quienes acrediten 38 años y tres meses o más cotizados, que podrán retirarse a los 65 años.

El incremento previsto para 2026 se produce en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido recientemente de que España será uno de los países desarrollados que más esfuerzo financiero necesitará para sostener las pensiones en las próximas décadas. Según sus estimaciones, el coste acumulado hasta 2050 equivaldrá al 44,2% del PIB, unos 706.000 millones de euros.

Pese a ello, el Gobierno defiende que el sistema “es sostenible” gracias al aumento del empleo, la subida de bases máximas y la cotización de solidaridad que entrará en vigor en los próximos años.