La Junta de Andalucía niega que vaya a espiarse a funcionarios en las redes sociales

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aseguró en el Pleno del Parlamento que «no hay nada, ni se ha hecho nada ni se va a hacer nada» en el proyecto de ley de Función Pública sobre la evaluación de los perfiles de redes sociales de los funcionarios para detectar aspiraciones para su promoción profesional, iniciativa que se ha conocido como el genoma del funcionario. Bendodo respondió a dos preguntas de Adelante Andalucía y de Vox sobre este proyecto, conocido a través de un vídeo que circula por redes sociales y que tiene como protagonista a la secretaria general para la Administración Pública de la Consejería de la Presidencia, Ana María Vielba.

Bendodo sostuvo, en respuesta al parlamentario de Adelante Ismael Sánchez, que «no le haga caso a los vídeos». «El texto del anteproyecto de Función Pública es lo que cuenta y vale», remarcó. «Lea y deje de ver el vídeo», insistió el consejero de la Presidencia, quien pasó a loar a los empleados públicos para indicar que «los funcionarios hacen una magnífica labor y la van a seguir haciendo». «Son imprescindibles e independientes, la garantía de que la Administración funcione», esgrimió el consejero, para seguidamente aludir a que «por eso nos hemos comprometido con la Ley de Función Pública», texto del que trasladó que «va a definir las potestades administrativas y va a reforzar la formación».

Bendodo instó al parlamentario de Adelante Andalucía a «no traer debates ficticios a esta Cámara» después de que hubiera argumentado que «uno de los problemas de la izquierda es que dejó de preocuparse por los trabajadores, la izquierda ya no representa a los trabajadores y crean debates ficticios». Tras insistir en que la Consejería de la Presidencia «está centrada en la nueva Ley de Función Pública», trasladó a Ismael Sánchez que «le invito a trabajar en el grupo de trabajo que sí existe del anteproyecto de ley».

De otro lado, funcionarios interinos «en fraude de ley por abuso de la temporalidad» protestaron en el Parlamento de Andalucía «por el retraso» en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada para regularizar su situación. «Llevamos un año y siete meses desde que se aprobó la tramitación de la primera ILP que se toma en consideración en 31 años, y ahora el Parlamento la tiene paralizada y olvidada».

Este colectivo representa a 51.630 andaluces que dieron su firma para llevar esta ley al Parlamento a través de la fórmula denominada «escaño 110».